La Unión de Farmacias lanzó este lunes una alerta sobre la alta amenaza de quiebra de todos los eslabones comerciales y profesionales de los servicios privados de salud en República Dominicana si se impone, sin consenso ni la debida ponderación, un nuevo plan de política farmacéutica en manos de las autoridades de Salud.
La entidad, que aglutina una amplia cantidad de dueños de farmacias diseminada en todo el territorio nacional, se pronunció en esos términos al objetar aspectos de un estudio para un “Plan Piloto de Política Farmacéutica”, bajo la coordinación de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).
En ese sentido, la Unión de Farmacias ve una amenaza de quiebra en cadena de distribución de los medicamentos, en el entendido de que el citado plan de política farmacéutica distorsionará el mercado en perjuicio de los ciudadanos.
Manifestó que en el documento se aboga por el fortalecimiento del rol comercial de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), estableciendo para este sector la libertad de formar su propia red de proveedores de medicamentos, lo cual violaría la Ley General de Salud 42-01, que prohíbe la integración vertical, así como la Ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social.
Explicó que médicos, clínicas, laboratorios clínicos, importadores, fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, así como las farmacias privadas, serían seriamente afectados con secuelas graves para los ciudadanos expuestos a los perjuicios de un mercado de medicamentos sin competencia.
“Este plan contiene distorsiones que conllevarán a la reducción de la participación de las farmacias privadas en el mercado y la consecuente desaparición de la mayoría de estas y generará un espacio sin competencia, que derivará en un encarecimiento de los productos farmacéuticos”, señaló la Unión de Farmacias Inc. en un comunicado.
Objetó, lo que considera falsos cuestionamientos a todos los sectores vinculados a la fabricación, distribución y venta al público de los medicamentos, sin que ninguno de los criterios expuestos estuviesen basados en estudios fiables o fuentes acreditadas.
Desde su óptica, el fin ulterior del proceso que se lleva a cabo es lograr la “colombianización” del mercado farmacéutico, para lo cual, se pretende también lograr la aprobación de una nueva Ley General de Salud al estilo de la famosa Ley 100 de Colombia, que ha tenido resultados nefastos.
Al hablar en nombre de más de 4,000 farmacias, rechazó las pretensiones del Ministerio de Salud Pública, a través de la Digemaps, de cambiar radicalmente la política farmacéutica nacional, contenida en la Ley General de Salud, en base a presupuestos que conllevarían la integración vertical y la reducción de la competencia dentro del sector.
La organización farmacéutica solicitó la intervención del Presidente Danilo Medina para que se garantice que cualquier cambio en la Política Farmacéutica Nacional y/o en la Ley General de Salud sea el resultado de un real consenso entre todos los actores del Sector Salud, tanto público como privado.
Subrayó que asumirá con firmeza y determinación el derecho de los dueños de farmacias a participar en una economía de libre mercado y competencia, dentro del marco institucional que proporciona la ley, defendiendo a esas empresas en todos los espacios que fueren de lugar.
