PAMP solicita se investigue fiscal Santo Domingo

Perfecto Acosta.

El Patronato de Apoyo al Ministerio Público (PAMP) solicitó este jueves al Procurador General de la República investigar las actuaciones de un procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, y que dio órdenes de desalojo entorno al Parque Nacional de los Haitises.

La orden de desalojo es contra ocupantes de terrenos presuntamente propiedad del Consejo Estatal del azúcar en el municipio de Gonzalo, sin tomar en cuenta la ley.

Alberto Tavárez, presidente ejecutivo del PAMP, solicitó también la suspensión del procurador fiscal adjunto, Feliz Manuel Lugo Alcántara, hasta tanto sea rendido un informe concluyente sobre las actuaciones de este funcionario del Ministerio Público fuera de sus atribuciones jurisdiccionales.

Tavárez señaló que la ley 821, sobre organización judicial y la ley 78-03, de estatutos del Ministerio Público, limitan las ejecutorias judiciales en la jurisdicción a la cual están asignados.

“De modo que un fiscal del distrito judicial de la provincia Santo Domingo no tiene competencia en razón del territorio para instrumentar ninguna actuación en el distrito judicial de Monte Plata, por lo que el fiscal luego puede enfrentar sanciones disciplinarias por abuso de autoridad y usurpación de funciones”, argumentó Alberto Tavárez.

El presidente de la institución no gubernamental señaló que el procurador fiscal de Monte Plata, Virgilio Peralta de la Cruz o algunos de sus adjuntos, son los únicos funcionarios autorizados para actuar dentro de ese distrito judicial, siempre y cuando se cumplan previamente los procedimientos establecidos por la ley.

Consideró que el procurador General de la República debe tomar medidas aleccionadoras en este caso, ya que es evidente que el fiscal Feliz Manuel Lugo Alcántara se ha prestado a una burda retaliación del CEA, contra los campesinos que se han opuesto a la instalación de una cementera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Los Haitises.

Finalmente indicó que la actuación del funcionario contradice la misión del Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad.

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