En las últimas semanas, diferentes activistas sociales preocupados por el pobre desempeño del sistema educativo dominicano, han estado reclamando insistentemente que el Presidente de la República cumpla con el mandato del artículo 197 de la Ley General de Educación No.66-97, del año 1997, que establece que el gasto público anual en educación debe alcanzar un mínimo de un dieciséis por ciento (16%) del gasto público total, o un cuatro por ciento (4%) del Producto Interno Bruto (PIB) para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos.
Eso es lo que dice textualmente la Ley General de Educación 66-97, aprobada durante el primer mandato de Leonel Fernández, un hombre educado que dice saber conceptualizar, sin embargo, en sus tres períodos de gobierno, Leonel Fernández ha ignorado deliberadamente ese mandato de la Ley General de Educación y apenas destina el 1.8% del Producto Interno Bruto a la educación, porque él prefiere un pueblo bruto que siga votando de forma bruta por un gobierno que no ha resuelto uno solo de los principales problemas de la sociedad dominicana.
Pero ahora resulta que según las propias palabras del presidente Leonel Fernández, el reclamo social de que se cumpla con una Ley que él mismo promulgó constituye un “Falso Debate” porque “la educación es un tema demasiado importante para que sólo pueda ser resuelto con una discusión sobre dinero”.
Ciertamente, el debate en la educación no tiene porqué girar alrededor del dinero, y en eso el Presidente Leonel Fernández tiene toda la razón, porque el debate debe girar alrededor del cumplimiento de la Ley, no importa cuál sea la Ley, ni importa cuál sea el monto que establece la Ley. Simplemente el Presidente se limita a cumplir con la Ley, porque él no está por encima de la Ley, y si la Ley establece un 4% del PIB, se le entrega ese 4%, y punto.
Esa conceptualización evasiva del presidente, violatoria del marco legal constitucional, y propia de alguien que desprecia la educación y el progreso de su pueblo, en cualquier país medianamente organizado, y con un Congreso independiente, sería motivo suficiente para una interpelación del Presidente, pues ningún Presidente tiene derecho a boicotear y entorpecer la necesaria educación de su pueblo, especialmente si se infringe una Ley.
Recordemos que en el mes de diciembre de 2006, el presidente Fernández entregó a la OPRET la suma de 484 millones de pesos para el Metro, mientras a la Secretaría de Educación le entregó la ridícula cifra de 8 millones de pesos, y no conforme con eso en ese mismo mes de diciembre formalizó una transferencia de 1,100 millones de pesos desde las secretarías de educación y de salud hacia el Metro, es decir, Leonel Fernández le quitó todo el dinero a la educación para entregárselo al Metro.
Pero el mismo día en que el presidente Fernández calificaba estos reclamos del cumplimiento de la Ley como un “Falso Debate”, el distinguido subdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Leonel Carrasco, anunciaba al país que la empresa francesa Alston había ganado una “licitación” para la adquisición de 45 vagones de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, Metro donde nunca ha habido discusión sobre dinero, aunque Carrasco se negó a decir cuánto vamos a pagar por cada vagón.
Recordemos que la Alston fue la empresa francesa que vendió los 57 vagones para la primera línea del Metro de Santo Domingo, a un costo de 92.5 millones de euros, es decir, a un costo de 1.6 millones de euros por cada vagón, y fue la misma empresa que en la misma fecha vendió los 246 vagones para el Metro de Shanghái a un costo de 210 millones de euros, es decir, a un costo de 853 mil euros por cada vagón.
Esto indica que los dominicanos pagamos el doble de lo pagado por los chinos por los vagones, y ahora se contrata la misma empresa para que de nuevo nos venda vagones caros. Por eso la OPRET no dice el costo de los vagones, por eso el Presidente no dice el costo de la primera línea del Metro, y por eso no se destina el 4% del PIB para la educación, porque ese 4% hay que destinarlo al Metro y a la compra de vagones caros de la Alston.
Recordemos que cuando hicimos esa denuncia, ni la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), ni la embajada francesa en nuestro país, pudieron explicar las razones de esa sobrevaluación, no obstante que en dos ocasiones escribimos a la embajada francesa en Santo Domingo pidiendo que nos explicaran las razones de esa sobrevaluación.
Nadie pudo explicar una sobrevaluación superior a los 2,000 millones de pesos, en un país donde no hay suficientes aulas ni suficientes pupitres, y eso ya se olvidó porque nada pasó.
Quienes creen que Leonel Fernández va a ceder a las presiones para que cumpla la Ley y destine el 4% del PIB a la educación están equivocados y pierden su tiempo, porque a Leonel le interesa seguir conceptualizando frente a un pueblo bruto, y frente a un pueblo ignorante capaz de creer todas las mentiras del presidente, porque Leonel no puede inaugurar los conocimientos adquiridos por un estudiante pobre que quiere salir de la pobreza, pero puede inaugurar una segunda línea del Metro que si ha sacado de la pobreza a mucha gente de este gobierno.
Formar buenos bachilleres y buenos profesionales no genera comisiones millonarias, pero construir un infuncional Metro sobrevaluado, cuyo costo nunca ha sido anunciado, genera comisiones multimillonarias que permiten comprar muchos votos de personas iletradas para mantenerse en el poder con apenas un 20% de un electorado donde muchos no saben leer.
De ahí que es muy fácil darse cuenta del porqué el presidente Leonel Fernández prefiere invertir los fondos que legalmente corresponden a la educación en un Metro que ha hundido a esta pobre nación.
