El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresó este miércoles su preocupación por reciente aprobación, a su juicio irregular, del presupuesto complementario por la Cámara de Diputados y otros acontecimientos producidos en el país.
También al PRD le preocupan los procesos electorales de 2008 y 2010, porque habrían sido contaminados por el uso desmedido de los recursos del Estado a favor del PLD y que han creado las condiciones para que se cometan actos de corrupción.
Estas posiciones del PRD fueron externadas en un documento público por el director legal de la Dirección Nacional de Asuntos Legales, Salim Ibarra, también vicepresidente nacional de esa organización.
Asimismo, se refirió a las violaciones persistentes del actual gobierno a las asignaciones presupuestarias consignadas mediante leyes especiales a las áreas vitales de la educación, justicia, municipalidad y juventud.
Además, la elección inconstitucional del legislador Félix Vásquez como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual fue postulado como candidato a Senador por el PLD.
Ibarra se refirió a la designación como presidente de la Junta Central Electoral de Roberto Rosario, “figura clave del PLD para despojar al PRD de varias senadurías ganadas en las urnas en las pasadas elecciones Congresuales y Municipales”.
Agregó que todo lo antes descrito, evidencia que en la República Dominicana existe un plan totalitario de parte del oficialismo, en donde las instituciones del Estado son la plataforma para buscar legitimar las acciones ilegales que se están cometiendo.
Entiende que la democracia no se edifica solo el día de las elecciones, se construye cada momento a través de las actuaciones de las instituciones públicas y privadas, por lo que es inaceptable permanecer indiferente ante el derrotero que está tomando el país.
“Ante el retroceso democrático que experimenta la nación dominicana es que anunciamos a todos los perredeístas y al pueblo en general, la puesta en marcha del Proyecto si, rescatemos la democracia”, sostuvo.
Explicó que proyecto auspiciará y apoyará todas las acciones cívicas que tengan como objetivo encausar al actual gobierno del Presidente Leonel Fernández por el camino de la legalidad.
