El alcalde Rafael Molina Lluberes del municipio de Cotuí reveló que el ex embajador de Estados Unidos en el país, Hans Hertell, es uno de los asesores de la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold, que explota la mina de Pueblo Viejo en la provincia Sánchez Ramírez.
Molina Lluberes dijo que Hertell utiliza al secretario general de la Liga Municipal Dominicana y senador por La Altagracia, Amable Aristy Castro, como mediador entre la multinacional y las autoridades dominicanas para evitar conflicto.
El síndico indicó que el ex embajador Hertell lo ha llamado personalmente para pedirle permiso con el fin de transportar los equipos de la Barrick por territorio cotuisano y para advertirle que los intereses de grandes potencias están siendo perjudicados por los obstáculos que él pone para que la empresa se instale en esa ciudad.
Según Molina Lluberes, la advertencia realizada por Hertell era que las naciones de Inglaterra, los Estados Unidos y Canadá estaban preocupadas, ya que están perdiendo dinero. Indicó que Hertell lo ha calificado como “el Chávez de Cotuí”, en alusión a las políticas antiimperialistas del presidente de Venezuela Hugo Chávez, por oponerse a la entrada de las maquinarias para los trabajos de explotación en la mina de Pueblo viejo.
Molina Lluberes expuso que el daño medioambiental que provoca la minera a ese municipio es inconmensurable y que por tanto los residentes en esa zona se movilizarán este jueves en demanda de la salida de la multinacional del territorio cotuisano.
Criticó además que tampoco los ministerios de Medio Ambiente e Industria y Comercio hayan jugado su rol de defender los intereses del pueblo dominicano en la instalación de la Barrick Gold en el país.
Dijo que cuando estuvo en la Cámara de Diputado se opuso a la contrata del país con la Barrick Gold y que se aprobaran de la forma como está estipulado, añadió que muchos legisladores realizaron una oposición y no votaron a favor de ese contrato, pero otros si lo apoyaron.
Indicó que la Barrick Gold no tiene el estudio de impacto ambiental y no tiene el permiso de explotación, sino que tiene el permiso de la Place Dom, que es el permiso viejo, pero el permiso de la ampliación de ellos no lo tienen.
Sostuvo que esa situación constitucionalmente le prohíbe a la Barrick Gold realizar la explotación, sino tienen el estudio vigente.
Explicó que en el país se ha hecho de una manera irregular, ya que los mismos funcionarios son los peores en defender al Estado, y son lo que están en complicidad con la Barrick Gold para hacer y permitir todo lo que están haciendo contra el país y básicamente de la comunidad de Sánchez Ramírez.
“El director de minería Octavio López, nos envió un listado donde se había negociado para desalojar a la gente de la comunidad del Llagar, donde se va a construir la presa nueva de cola que va a utilizar la Barrick Gold y para eso la compañía dio un anticipo de US$19.5 millones de dólares, pero la lista que enviaron al Congreso Nacional por parte de minería no tenía identificación a la personas, es decir, no tenían número de cedulas para poderlas identificar y saber a quienes se le iba a pagar ese dinero”, recordó el edil.
Expresó que por esa razón van a someter a López para que aporte los nombres de a quienes le pagaron ese dinero, ya que conjunto con bienes nacionales fueron las entidades que realizaron los desalojos de la comunidad.
Reiteró que sólo el director de minería entrego nombres de personas que iban a cobrar los recursos, pero sin identificación de número de cedula que pudieran identifican verdaderamente quienes iban a ser los beneficiarios.
Molina Lluberes habló durante una entrevista realizada por los comunicadores Marino Zapete y Edith Febles en el programa “El Despertador”, que se transmite por Antena Latina.
