martes 22 de julio 2014 | 15:42

Drogas, sicariato y extradiciones presiden justicia en 2011

Reportajes, * | vie, 30-dic 16:24 Por: Cristina Rivas

Los casos de drogas, extradiciones y sicariato ocuparon el primer plano en el ámbito judicial durante el año 2011. Igualmente, fueron dictadas condenas en casos que acapararon la opinión pública por mucho tiempo y las cuales estaban ligadas, de una u otra forma, a tres modalidades delictivas.

 

Uno de los casos más largos y accidentados fue el Paya, que luego de ventilarse por cuatro años en distintos tribunales del país, culminó en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con sentencias condenatorias para 16 de los 22 imputados, acusados de la matanza de siete colombianos en Ojo de Agua, Paya, Baní.

 

Los jueces dictaron 30 años de reclusión contra: Luis de Jesús Lara Martínez, José Luis Montás Vargas y los ex marinos Ricardo Rafael Guzmán Pérez; Edward Mayobanex Rodríguez Montero; Antonio Manuel Roche Pineda; Jorge Luis Chalas y Miguel Peña Figuereo.

 

Igualmente, Orín Clinton Gómez Halfor, nicaragüense sobreviviente de la matanza de los extranjeros el 4 de agosto de 2008; el ex marino Andrés Tapia Balbuena; los civiles Dennys Jairo Rodríguez Pérez y Manuel Calvo Tejada fueron sentenciados a 20 años de prisión.

 

Asimismo, dictó diez años contra el ex marino Jesús Sánchez Piña y la señora Scarlet Aristy Rosa. Una pena de cinco años recayó sobre Marcos Fajardo Almonte y el colombiano Andrés Berroa Mercedes.

 

El Ministerio Público benefició a Almonte Fajardo con la suspensión de dos años y 9 meses de la pena. Indicando la menor sentencia a Augusto Alberto Dannerys Andújar, con 3 años y cesación a un año y 3 meses.

 

Otra “saga” que terminó en condena de 5, 10, 12 y 15 fue la de Sobeida Félix Morel y siete acusados de lavado de activos y complicidad en la red de drogas que dirigió por diez años en República Dominicana el notorio narcotraficante puertorriqueño, José David Figueroa Agosto.

 

En esta ocasión le tocó el turno al Primer Tribunal Colegiado, el cual condenó a 15 años a cuatro de los acusados: Mary Elvira Peláez Frappier, Sammy Dahuajre Dahuajre, Ivanovich Smester Ginebra y Juan José Fernández Ibarra. A Eddy Antonio Brito Martínez le fueron impuestos 12 años.

 

En tanto que para Madeline Bernard Peña la pena le fue suspendida en su totalidad. La única absuelta de todos los cargos fue Adolfina Rebeca Peláez Frappier (Dolphy), luego que los magistrados interpretaron que no eran suficientes las pruebas presentadas en su contra.

 

Sicariato

 

Entre los casos más sonados se encuentra la presunta red de sicarios al servicio del Figueroa Agosto, a la cual se le adjudican las muertes de cinco personas, entre ellas el ex coronel José Amado González y de herir de bala a su esposa Madaline Bernard Peña.

 

El caso contra Joel Antonio Feliz Medina; José Alberto Cruz Paredes; Gian Enrique Rojas Matos; Winston Antonio Rodríguez Tavárez; José Miguel Rodríguez Almonte; José Aníbal Hidalgo García; Pérez Mateo; Wilhen Ortiz de los Santos y Diómedes Moya Durán, es ventilado en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

 

Además de la muerte de González y González se les atribuyen las de: Omar Antigua Polanco, Rubén Soto Hayet y José Gabriel Arias Castillo (Álex el Pelotero).

 

Otro caso donde llegaron los tentáculos del crimen organizado y que se está en espera de que pronto se inicie su juicio, es el atentado contra el comunicador y abogado José Jordi Veras Rodríguez, ocurrido el 2 de junio del pasado año cuando entraba al parqueo del canal 25, en la ciudad de Santiago.

 

Los acusados de cometer el crimen son: Francisco Alberto Carela Castros (Frank Castro), Roberto Zabala Espinosa, Candy Caminero Rodríguez y Arturo J. Ferreras del Castillo (Moreno), Franklin Reynoso Moronta y Engels Carela Castro.

 

Todos contratados, según el expediente, por Adriano Román Román, sindicado como autor intelectual del hecho y quien purga una condena de 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, por otro caso similar ocurrido en 2005.

 

Extraditados

 

Los pedidos de extradiciones también tuvieron relevancia este 2011. Entre los más comentados, por sus innumerables reenvíos e incidentes, es el de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña),  el cual llevaba  un año de audiencias fallidas, pero no fue hasta el pasado 15 del presente mes cuando la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), decidió su extradición.

 

La tardanza del proceso ha llevado a que distintos organismos cuestionen al tribunal que lo tiene asignado. Tal es el caso del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, quien dijo que el proceso se encuentra en una especie de “círculo vicioso” que los jueces pueden frenar, porque se trata de trabas empleadas por la defensa del imputado.

 

En la más reciente audiencia los magistrados, encabezados por el juez Hugo Álvarez Valencia, se reservaron el fallo y emitirán su decisión dentro del plazo que establece la Ley.

 

El mismo tribunal tiene a su cargo la petición de Estados Unidos contra el merenguero José Altagracia de León Corcino (Franklie The Boss), acusado, junto a su padrastro y su madre, de operar en el estado de Carolina un centro de prostitución de menores.

 

Los abogados del merenguero recusaron a los jueces de estar a favor del Ministerio Público. Situación que obligó a los magistrados a inhibirse del proceso hasta tanto la SCJ conozca la petición.

 

Mientras que fue extraditado hacia Panamá el nacional dominicano, Fermín Antonio Taveras Ramírez, de 41 años de edad, acusado de secuestrar, torturar y matar cinco orientales en esa nación.

 

Taveras Ramírez es reclamado por su alegada participación en la matanza de: Yessenia Argelis Lou Kan, Young Wu Keng, Georgina Lee Cheng, Joel Liu Wung y Samuel Zeng Cheng.

 

Código de menor

 

Para finalizar este año con el ámbito judicial como principal protagonista, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y otros sectores de la sociedad civil, introdujeron un anteproyecto de ley que busca aumentar la pena para los menores de edad que incurran en hechos delictivos.

 

La legislatura pretende modificar los artículos 280,340 y 390 de la Ley 136-03, que crea el Código del Menor, aprobado en segunda lectura por la Cámara Baja y en estos momentos se encuentra en el Senado. Por la debilidad de éste, plantean que muchos jóvenes están siendo utilizados por el crimen organizado y los narcotraficantes para llevar cabo ciertos trabajos vinculados a secuestros y asesinatos.

 

Sectores como la iglesia católica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lo rechazan, por considerarlo incongruente y mal fundado. También aseguraron que mayor castigo no asegura que los infantes dejen de delinquir.

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