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Coordinador del viaje de LF tuvo problemas en Jordania

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El empresario de ascendencia árabe, Mustafá Abu Naba’a, quien supuestamente coordinó la gira de diez días del presidente Leonel Fernández por Francia, Jordania, Palestina, Israel y España, habría tenido inconvenientes en uno de estos países, “donde tiene problemas legales”.

Una fuente de entero crédito dijo a DominicanosHoy.com que a Abu Naba’a le fue impedido entrar al palacio presidencial de Jordania y los guardias custodias le informaron: “usted no cuenta con el permiso de las autoridades de este país, donde no es bienvenido para penetrar a la casa de gobierno”.

Al parecer, según el informante, el prontuario de problemas que ha tenido Mustafá Abu Naba’a había tocado alguna tecla sensible del gobierno de Jordania, donde el presidente Fernández y su comitiva llegaron el pasado 22 de julio.

En el encuentro en que el presidente Fernández fue recibido por Su Majestad Rey Addullah ibn Hussein, en el Palacio de Hummar, Abu Naba’a fue “frenado” en la entrada del salón donde se realizó la reunión, a pesar de que dijo ser quien coordinaba el viaje del mandatario dominicano.

“Todos sabemos de los problemas que ha tenido, tanto en República Dominicana como internacionalmente ese señor (Mustafá Abu Naba’a) y de todos modos sigue siendo, o así parece, una persona de confianza del presidente”, dijo el informante.

En República Dominicana, funcionarios del gobierno de Fernández tampoco entienden cómo es que Fernández Reyna sigue viajando y hasta usando como coordinador de algunos de sus viajes al empresario Abu Naba’a, representante de una empresa que fue investigada por el Congreso de Estados Unidos por el trasiego de combustibles que debió llegar al ejército estadounidense ubicado en Iraq.

Se recuerda que a mediados del  año 2000, el empresario petrolero y la poderosa empresa Sargeant Marine lograron controlar el negocio del petróleo y sus derivados a República Dominicana, especialmente  la casi totalidad del AC-30, RC- 2 o asfalto para pavimentación de calles y carreteras.

En el  año 2004, el inversionista de origen árabe Harry Sargeant, propietario de la International Oil trading Company (OITC), vinculada a la Worldwide Trading & Company (WTC), de Abu Naba’a recibieron de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández poderes especiales para obtener cartas de créditos internacionales por US$255 millones.

En el 2006, el Consejo Nacional del Azúcar (CEA) sometió a la WTC ante los tribunales, por la comisión de un supuesto “dolo” en perjuicio del Estado. Según la querella la WTC cobró de manera irregular unos RD$ 94 millones con lo que logró apropiarse de unos terrenos del CEA localizados en San Luis, Santo Domingo. En ese entonces, el CEA exigía una indemnización de US$5 millones.

Pero los alcances de Abu Naba’a parecen no tener límites, en un momento, el Estado canceló un contrato con Sargeant, de petróleo, lo que provocó la intervención del entonces embajador de Estado Unidos, Robert Fannin, a favor de la empresa, mediante una carta al presidente Leonel Fernández.

Dicha misiva decía: “me ha llamado la atención el hecho de que un contrato válido entre Sargeant Petroleum, Ltd, y la Secretaria de Estado de obras Públicas para el recibo y almacenamiento de asfalto en nombre del gobierno dominicanos, ha sido cancelado unilateralmente por la Secretaria de Estado de Hacienda”.

Más tarde, el desaparecido periódico Clave digital, publicó que el presidente Fernández había favorecido a la WTC con un contrato de US$100 millones para construir avenidas carreteras, caminos y calles.

Los negocios de Sargeant Marine, cuyo jefe principal es el norteamericano Henry Sargeant, fueron tan prospero en el país que los jordanos Mustafá Abu Naba’a y, su mano derecha, Ala’a Al-Ali, fijaron su residencia en República Dominicana.

Los contactos y relaciones de estos empresarios del petróleo con el poder público dominicano fueron de tal magnitud que en una ocasión algunos funcionarios y amigos especiales viajaron desde Santo Domingo a Boca Ratón, Florida, en un avión privado de Sargeant Marine para celebrar el cumpleaños de Harry Sargeant.

Conflicto con Estados Unidos

Pero el escándalo no termina ahí, sino que se extiende a nivel internacional, de acuerdo a información contenida en el periódico estadounidense, el Nuevo Herald. Los socios Sargeant, Abu Naba’a y Al-Ali estuvieron en el centro del huracán de una investigación federal relacionada con alegadas donaciones ilegales a candidatos presidenciales de Estados Unidos.

Los recaudadores llegaron a lograr contribuciones de los empresarios superiores a los US$55 mil, de los cuales US$5 mil fueron destinados a la campaña de Charlie Crist en el 2006 y más de US$50 mil al ex candidato presidencial John McCain y los precandidatos Rudolph Giuliani y Hillary Clinton.

Otra investigación de los Estados Unidos, específicamente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, encabezado por el legislador Henry A. Waxman, profundizó la denuncia de que la OITC ha “estado cobrando en exceso a esa nación el embarque de combustible a las bases estadounidenses en Irak”.

La prensa estadounidenses afirmaba que la OITC cobraba al Pentágono US$108 por encima del precio del mercado en cada galón de combustible entregado a las tropas en Irak.

Problema con camioneros dominicanos

Para el trasporte del combustible a las tropas estadounidenses en Irak participaron 60 camioneros dominicanos, contratados por Mustafá Molina & Asociados y aprobado por la Cancillería durante la gestión de Hipólito Mejía, los conductores recibirían US$1,500 al mes y US$300 al salir del país.

El conflicto entre la empresa y los camioneros se produjo “cuando los camioneros dominicanos se encontraban en la terminal aérea de Amman, capital de Jordania, listos para retornar al país, vía Madrid, peros se negaron a firmar documentos de descargo de la responsabilidad salarial de la compañía Mustafá Molina & Asociados con ellos. La Cancillería dominicana tuvo que intervenir.

A finales del 2008, otro escándalo pone Abu Naba’a en la palestra pública al conocerse la noticia de que debía RD$40 millones a la Autoridad Portuaria Dominicana, además de pérdidas millonarias provocadas a ese organismo, por el espacio que ocupaba una barcaza de su propiedad en el muelle de Haina, y que impedía el normal desenvolvimiento de las actividades portuarias.

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