Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron declarar la extinción de la acción penal contra ocho ex empleados del Ministerio de Hacienda, acusados de escamotear RD$230 millones de pesos a través de la dirección de pensionados y jubilaciones de esa entidad.
Los abogados de los ocho implicados en el defalco presentaron al tribunal una petición de extinción de la acción penal contra sus defendidos, pero los magistrados luego de valorar las motivaciones de los juristas decidieron rechazarlo y ordenaron la continuación del juicio.
A seguida la magistrada Sara Veras, presidenta del tribunal y los jueces Teófilo Andújar y Suinda Brito, aplazaron la audiencia para el lunes 6 de junio a las 9:00 de la mañana.
Los implicados en el defalco son Silvio Tulio Suncar Liriano, Isabel María Soto Santana, Sandy Joel Castro Castro, Leonardo Alberto Rodríguez Cabrera, Ángel José Castro Castro, Odalis del Carmen Santa Estévez, Lucrecia Figueroa y Francisco Alfonso Castro Castro.
Todos son acusados de robarles cheques a cerca siete mil pensionados y jubilados, a través de un sofisticado mecanismo electrónico.
Se les imputa los s tipos penales de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y de cohecho (soborno).
El fraude se llevó a cabo entre 2005-2006 a través de un sistema computarizado y físico, mediante el cual se alteraron las nóminas electrónicas en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, según explicó el procurador adjunto Francisco García en su discurso de apertura a juicio.
La acusación fue presentada por el Ministerio Público el pasado 23 de marzo, en el juicio de fondo contra los ocho encartados.
Los representantes del Ministerio Público, Narciso Escaño y Francisco García, adelantaron que pedirán penas que irán desde tres hasta quince años, dependiendo del grado de responsabilidad de cada imputado.
Cuando se dio a conocer el hecho-el 3 de noviembre del 2006, el ex titular de la cartera Vicente Bengoa, dijo que el fraude cometido no perjudicaba a los pensionados sino al Estado, porque lo que se hizo fue insertar en el sistema, por medios electrónicos, nombres y datos ficticios para que terceras personas cobraran las pensiones.
Sin embargo, y en la misma fecha, Emilio López Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Pensionados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (ANPISS), mostró copia de una carta en la que comunicaban al director de Pensiones, entonces Tulio Suncar, su sospecha de un posible fraude, porque cientos de pensionados se presentaban a las oficinas de la entidad pidiendo ayuda porque no encontraban cómo reclamar sus cheques.
