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ADOCCO solicitará formalmente juicio político a Amable

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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositará este jueves por ante el despacho del presidente de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político al Senador Amable Aristy Castro.

La solicitud de juicio político contra el senador de La Altagracia es basado en la auditoría que en 2006 que practicó la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal, a la sazón dirigida por Aristy.

Según los miembros de la Alianza, basados en los resultados de esta revisión contable, Aristy queda inhabilitado para desempeñar la función de senador, cargo que ahora ostenta.

“Sus estados financieros (de la Liga) evidencian la existencia de indicios de responsabilidad penal debido a inobservancias legales y contables.”, establece Adocco en una nota de prensa.

El informe detectó inobservancias de los procedimientos y normas legales y reglamentarias conforme el sistema de Contabilidad Gubernamental, sin embargo no se ha tomado ningún tipo de medida contra el senador ni ninguno de sus servidores durante la gestión al frente del organismo regulador de los ayuntamientos del país.

Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, coordinador General de Adocco, destacó que el favoritismo evidenciado en la pesquisa entra en contradicción con el artículo 146 de la Constitución que proscribe la esa y otras prácticas en la administración pública.

“…Real y ciertamente en esas auditorías hay evidencias considerables para que el Ministerio Público investigue y decida el curso y suerte de la Acción Pública correspondiente”, agregó el dirigente social.

En algunas de las irregularidades encontradas figuran bienes no localizados en el inventario físico, pagos a beneficio personal de Amable Aristy Castro, por el valor de 116 millones de pesos y pagos a sus familiares por el valor de cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos, RD$494,000.00, adquisiciones en comercios de parientes en Higuey por más de ochenta y cuatro millones de pesos, RD$ 84,000.000.00.

Así como la falta de recepción de productos y servicios que costaron 101 millones, además de pagos por servicios no recibidos por 55 millones, entre otros.

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