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Produce fuertes debates proyecto zona rosa

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El proyecto de ley que busca crear una zona rosa o de tolerancia en el país produjo este viernes, por segunda ocasión,  fuertes debates entre los sectores que participaron  en la vista pública que realizó  la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados,  encargada de estudiar la pieza.
 
Instituciones descentralizadas, Organizaciones No Gubernamentales, organismos de Salud, Educación, estudiantes universitarios, profesionales de diversas áreas fueron escuchados por la comisión   que estudia el proyecto.
 
El presidente de la comisión, Demóstenes Martínez, dio inicio a las vistas públicas, comunicando que serán realizados encuentros provinciales para escuchar propuestas de otros sectores.
 
Algunas opiniones versaron en que la pieza legislativa tiene como objetivo confinar a las trabajadoras sexuales, por lo que alegan que éste  sería violatorio a los derechos humanos.
 
Mientras que otros consideran que el proyecto es viable,  pues busca reubicar a las trabajadoras sexuales en una zona de tolerancia. Añaden, además, que las trabajadoras sexuales deben ser incluidas en la seguridad social y que estas puedan insertarse en la sociedad, a través de su capacitación técnico-profesional.
 
Marina Torres, presidenta del Movimiento Unido de Mujeres, argumentó que  se opone porque crea espacio de exclusión. En tanto que  Junior Casado, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, felicitó la iniciativa de la diputada  Esther Minyetti.
También plantearon sus pareceres José Santana y Mayra Cabral del Colectivo Mujer y Salud, quienes sugieren un “proyecto de no exclusión, porque hay hombres que ejercen la prostitución”.
 
Mariela Carvajal, en representación de la Organización Alianza Institucional Canadiense, pidió a la comisión revisar la disposición que obliga a las trabajadoras sexuales a someterse a las pruebas para las infecciones de transmisión sexual y dar a conocer su estado de salud en una tarjeta emitida por el gobierno, así como la multa asociada por no cumplir con esa disposición.
 
El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN),    y el Movimiento de Mujeres Unidas  refutaron el proyecto y plantearon que fuera modificado por los diputados, para que promueva  un proyecto que permita ejercer con regulaciones efectivas a las trabajadoras del sexo, así como tener acceso a servicios sociales y de salud.
 
Angélica Segoviano,  de la Congregación Santísimo Redentor y presidenta de la fundación Nuestra Esperanza, solicitó que la iniciativa de ley abarque a las trabajadoras, niñas y niños menores de edad de los bateyes.
 
La religiosa sugirió que sean castigadas las personas que negocian, trafican con menores  y tienen encerradas en prostíbulos a mujeres, niñas y adolescentes en contra de su voluntad, sin que la ley los castigue.

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