Investigadoras advierten riesgo exploración minera en La Vega

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Según un estudio sobre “La actividad minera en La Vega y las percepciones socio ambientales y de riesgo de la población”, realizado por las licenciadas Lilia Núñez Moreno, Viviana Tagores, Gisela Ángel Sierra y Natalia Rodríguez, en cinco áreas de esta provincia, la explotación de metales es una actividad que debe ser controlada estrictamente en todas sus etapas.
 
Las investigadoras establecen que esta actividad debe ser inspeccionada desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo, algo que no ocurre en el país. Explican que un control estricto puede implicar la prohibición del aprovechamiento de los recursos mineros; pero, a su juicio, esto no es lo que funciona, puesto que ni el gobierno, ni las corporaciones mineras lo aceptan.
 
El estudio se refiere a la percepción que tiene la gente sobre el aprovechamiento de los recursos mineros, de lo cual relatan son multidimensionales, condicionados socialmente por factores sicológicos, culturales, socioeconómicos y ambientales.
 
Explican que la percepción de riesgo ambiental abarca el proceso de formación de la imagen del entorno natural y social de un individuo, sus creencias, actitudes, juicios y sentimientos, cuyos elementos son reveladores y portadores de un significado trascendente para el individuo y para su comunidad.
 
“La minería es responsable de la violación de un conjunto nada despreciable de derechos”, señalan las expertas y agregan que esta explotación siempre representa un alto riesgo para la población más vulnerable que está alrededor de las áreas de las extracciones.
 
Dicen que es responsable del envenenamiento de personas y del medio ambiente; de las causas directas y subyacentes que más inciden en la deforestación, degradación de los bosques y la contaminación de las aguas.
 
Señalan que la explotación minera a cielo abierto representa un gran peligro para el medio ambiente de la zona que se explota. Además, la población circundante es violentada en su hábitat natural, ya que se atropella su cultura, costumbres y recursos naturales en un abrir y cerrar los ojos.
 
Igualmente, trae deforestación de los suelos, alteración del agua, destrucción del hábitat de cientos de especies endémicas, contaminación del aire y constituye una causa grave de enfermedades respiratorias, dermatológicas y de asfixia de plantas y árboles.
 
En su estudio critican que la sociedad de La Vega no se haya empoderado de su pasivo ambiental y se acoja a la dádiva que reciben las instituciones y medios de comunicación, que en su opinión, deben representar a los ciudadanos.
 
No obstante, silencian este crimen ecológico impidiendo que la población sea informada sobre el impacto de la explotación, que generen estas operaciones en términos ambientales y sociales.
 
Las poblaciones que habitan en las zonas mineras tienen el derecho de ser informadas para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma que garantice el mantenimiento de los ecosistemas, la conservación ambiental y la justicia social.
 
“La ciudad de La Vega verá terrazas de grandes fosas anchas y profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente de recursos vivos. Los recursos naturales no son de un gobierno, son de su pueblo que debe ser involucrado en su daño futuro y sólo él puede decidir, ¡despertemos de esta inercia social y política!”, concluyen las estudiosas.