Gobiernos peledeístas caracterizados por la corrupción

Casa de Gobierno.

Politólogos y conocedores del quehacer político entienden que el presidente Leonel Fernández está obligado a romper el silencio y convertirse en la mano sancionadora que ponga costo a los actos de corrupción en la administración pública, ante la necesidad de frenar el desgaste acelerado que lleva su administración.

Según los expertos, el presidente Fernández no tiene otro camino que enfrentar esa realidad, motivado principalmente por el estado de desesperación que vive la población dominicana y las reocupaciones religiosas, empresariales y hasta de funcionarios serios, como el licenciado Miguel Cocco.

Otras irregularidades sobre las cuales el jefe del Estado ha guardado silencio es la sobrevaloración de la cebolla que compró la Secretaria de Agricultura en Vallejuelo, denunciado por los productores agrícolas y la monja Sor María Marciano.

También sobre la reconstrucción del Palacio de Bellas Artes, que supera en 600 millones la inversión de 700 millones que había anunciado el gobierno cuando reinauguró la obra.

Inevitablemente estos escándalos de corrupción hacen recordar otros pasados, como la mafia en la Secretaría de Trabajo, dirigida por la directora de Recursos Humanos de la cartera, Boris Altagracia Vargas Núñez, para gestionar visas a España y Canadá. Al mismo tiempo en que:

La encargada de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), Elsa Josefina Cross Zaiter, que usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de su institución.

También el apresamiento en el 2005 de Yormán Vásquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien fue sometido a la justicia por extorsión.

Al mismo tiempo, Manuel Antonio Tapia Linares, director general de CORDE, que fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al DEPRECO, bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato para la explotación de la mina de sal en Barahona.

En la Autoridad Portuaria se detectó un presunto fraude con el fondo de pensiones por RD$25 millones, cuyo expediente también fue remitido al DEPRECO y todavía guarda el sueño eterno.

Pero el estelar del año, fue el descubierto en la terminación y amueblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en donde hasta el nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a relucir. Este escándalo se llevó de paso al subsecretario de Obras Públicas, Carlos Polibio Michel Presbot, y puso en apuro a la paisajista Margarita Gómez, quien permanentemente es favorecida con contrato de grado a grado.

Críticas a Domingo Tavárez, quien se mantiene como director de la OPTIC, por una licitación que la Comisión de Ética confirmó se basó en un proceso irregular.

Se recuerda la mafia que gestionaba pasaportes diplomáticos con documentos falsos. Entre los implicados que aparecieron por presión está el subdirector de Migración, Víctor Soto Pérez y otros de rangos menores.

En el 2006, el espaldarazo a varios funcionarios implicados en el PEME, cuando la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra Simón Lizardo Mézquita; Haivanjoe Ng Cortiñas y Diandino Peña, quienes junto al empresario Noé Camacho Ovalles, fueron favorecidos con su absolución.

Los escándalos generados por el envío al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, de los proyectos de contrato con la Sun Land Group, para equipar a la Policía Nacional, con valor de US$132 millones.

Igualmente, escándalo con la Empresa Nacional de Desarrollo (ENADE), para administrar los bienes inmuebles del Estado con manos privadas. Y el diseño e instalación del Portal Electrónico del Gobierno Dominicano.

También está la compra de cientos de miles de cascos protectores y chalecos para los motociclistas que prestan servicio de transporte de pasajeros.

La puesta en servicio de un nuevo sistema para la expedición de las licencias de conducir por la cual hasta la embajada de Inglaterra protestó, puesto que la compañía que hace las licencias en Estados Unidos participó con un costo inferior a la que le otorgaron el contrato, Ganando un conocido aliado elector del PLD.

El convenio para el cambio de los carnets de identificación de los miembros del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), y el proyecto de compra e instalación de software para agilizar las operaciones internas del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM).

De igual manera, los contratos de construcción para favorecer deudas políticas o el trueque de evaluación sicológica para el porte de armas de fuego, por el que se creía desaparecido el formulario 25.

El famoso proyecto de la Isla Artificial, donde un funcionario del Palacio fue acusado de falsificar la firma del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para enviar el proyecto al Congreso.

La mafia en la entonces Secretaría Finanzas (hoy de Hacienda), en su departamento de Pensiones y Jubilaciones, en la que ingresaron muertos en la nómina de pensionados, generando pérdidas al Estado por más de RD$50 millones.

El regalo de US$25 millones de dólares para la construcción de un hospital privado en Santiago (HOMS), favoreciendo intereses oscuros cuando los públicos estaban desabastecidos. Igualmente, la venta irregular de varias turbinas de aviones de la Fuerza Aérea Dominicana.

El escándalo desatado en la presuntas irregularidades en el manejo de más de 150 millones de pesos aportados por los militares para la creación de una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y las trasferencias de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas (ISSFFAA).

En el 2007, la pérdida de un ventilador del hospital regional Cabral y Báez, único en el país cuyo costo llega los 60 mil de dólares. Hospital donde perecieron 4 niños por falta de dicho aparato.

La compra sobrevaluada de varios aviones marca Tucanos, realizada por el mismo presidente de la República, donde el Estado perdió varios millones de dólares.

El contrato de arrendamiento del hotel Montaña de Jarabacoa a favor del presidente de Parentis, Félix Cabrera, promotor de la permanencia en el poder del presidente Fernández por la suma de US$2,000 mensuales, pagadero a partir del décimo año de arrendamiento.

Teniendo exoneración del pago de impuestos y podía subarrendar y otorgar concesiones para restaurantes, casinos, discotecas, bares, oficinas o cualquier otro tipo de negocio en el interior del hotel.

Por último, el nuevo contrato de la Sun Land, contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno y la empresa The Sun Land Corporation RD, el 15 de mayo de 2006, por valor de US$130 millones.

Este préstamo por su ilegalidad comprobada, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) interpuso formal recurso de inconstitucionalidad a través del cual buscaba que la Suprema Corte de Justicia lo declare nulo, así como los 19 pagarés o notas promisorias firmadas como documentos complementarios y las cartas acuerdos.

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