Según informes actuales, en los últimos tiempos República Dominicana mantiene en la región latinoamericana una posición de mayor riesgo frente a la expansión de redes nacionales e internacionales del crimen organizado dedicadas al negocio de la trata de personas.
La vulnerabilidad del país se intensifica por la pobreza y se agrava con la no resuelta lucha contra el narcotráfico, todo lo cual genera una diversificación de nuevos métodos empleados por las organizaciones criminales, que encuentran en la trata de personas, piratería y secuestros diferentes vías para el traslado de las drogas y comercio sexual, a través de los cuales obtienen grandiosos recursos.
Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano por enfrentar tan aborrecible flagelo, este tipo de explotación se acentúa aún más como consecuencia de la desigualdad en el acceso a educación y formación de las niñas en relación con los niños, prefijada por una larga cultura de actitudes machistas; discriminación en el mercado laboral, violencia intrafamiliar y feminización de la pobreza, acentuada por los roles de género y la responsabilidad de la mujer como única cabeza del hogar o con cargas familiares no compartidas; a lo cual se agregan los matrimonios forzados, violaciones y otras situaciones de las cuales las mujeres intentan huir buscando oportunidades en el extranjero.
La directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC), por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, comentó hace unos meses la deplorable situación en que se hallaba la República Dominicana en trata de personas, seguida por Haití, Brasil, Argentina y México, este último en el primer lugar en producción de pornografía infantil.
Según la directora de la CATWALC, de cada 10 personas que son objeto de trata, por lo menos dos son menores de edad. La llamada esclavitud del siglo XXI ha trascendido en República Dominicana con expresiones indignantes que en el Informe sobre la Trata de Personas, le califica como “país de origen, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños que son traficados con el propósito de ser explotados sexualmente y de ser sometidos al trabajo forzado”.
Los principales destinos para la prostitución de mujeres dominicanas son Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Chipre, Panamá, Haití, Jamaica, los Países Bajos, Panamá, Eslovenia, Surinam, Suiza, Turquía y Venezuela. Se destaca el turismo sexual infantil como uno de los mayores problemas, “particularmente en las áreas hoteleras de las costas, con turistas que según informes alcanzan los miles y que llegan durante todo el año desde varios países, particularmente desde España, Italia, Alemania, Canadá y los Estados Unidos buscando sexo infantil”.
No hay que olvidar que según criterio de la Organización de Naciones Unidas, este es el tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, después del tráfico de estupefacientes y armas, puesto que sus ganancias rebosan los 30 mil millones de dólares anuales.
Un reporte difundido por Global Financial Integrity, subraya que el narcotráfico y el contrabando “son los dos renglones criminales más rentables” y un reporte de EUROPA PRESS asegura que “la trata de seres humanos afecta a entre 600.000 y 800.000 personas cada año en el mundo, el 80% de las cuales son mujeres y niñas, según ha denunciado la organización humanitaria Proyecto Esperanza con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Las edades de las dominicanas que enfrentan inescrupulosas actuaciones de redes o individuos encargados del tráfico oscilan entre 18 y 24 años de edad, aunque se estima que más de 1,2 millones de menores caen en manos de las mafias internacionales y el 95% sufre violencia física o sexual y el 43% es forzada a la prostitución, servicios domésticos, u otros trabajos forzados.
A nivel internacional se observa que en el país no se cumplen los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas, ni se evidencian progresos en el procesamiento y castigo de infractores, incluso de oficiales cómplices. Por ello, República Dominicana aparece en la Lista de Vigilancia Categoría III, ha sido incluida en la lista de 13 naciones con calificación 3, por no avanzar en la lucha contra la trata y se le formula un número de recomendaciones para intensificar acciones que impidan este comercio con humanos que espanta y en muchas ocasiones, “quienes deben y pueden detener ese flujo comercial se hacen los ignorantes o de la vista gorda, mientras siguen fluyendo hacia el exterior, y aun dentro del país, más y más personas vendidas”.
En 2009, por primera vez la Constitución dominicana consignó la prohibición de la trata y tráfico de personas en todas sus formas, aunque la ley que prohíbe tal delito data del año 2003, luego de que la nación caribeña suscribiera varios convenios internacionales.
Entonces, ¿trata mal tratada?
Las estadísticas reflejan, hace dos años, unas 300.000 dominicanas que realizaban trabajo sexual fuera del país; en tanto que otras 200.000 habrían sido o estaban en riesgo de ser traficadas. La primera dama Margarita Cedeño de Fernández aseguró a mediados del pasado año que al menos 50.000 dominicanas en el mundo son sometidas a prácticas consideradas como trata de personas al ser utilizadas para prostitución y otros vejámenes.
Según el Reporte de Tráfico de Personas, 2010, divulgado por el Departamento de Estado, mujeres y niños de República Dominicana son objeto de prostitución forzada tanto dentro del país como en al menos otras 11 naciones del Caribe, Europa, Sudamérica y Estados Unidos.
Lamentablemente, la industria de la trata sigue creciendo a nivel mundial, con síntomas aterradores de violaciones diarias y de brutalidad. Por tal motivo, hace apenas unos días, las representantes del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), celebraron en El Salvador una reunión extraordinaria, denominado Primer Encuentro Centroamericano sobre la Trata de Mujeres, considerado un problema creciente en la región cuya importancia radica, sobre todo, en que “cada uno de los países miembros promueva legislación y políticas que contribuyan, tanto a la prevención del problema como a la atención profesional de las víctimas”.
En el año 2003, BBC Mundo, anunciaba que el tráfico de personas ocupaba el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, después del tráfico de drogas y el de armas. Ocho años después, las cifras continúan su avance, sobreprotegidas por la perspectiva de la globalización, que también extiende el crimen organizado como un problema global y representativo, donde las amenazas de cada población se adhieren a la naturaleza articulada desde y entre naciones, regiones y, en definitiva, internacionalmente.
Los esfuerzos, entonces, responden a las características de cada quien, pero tienen que realizarse en paralelo a la comprensión del escenario global en el que actualmente se desenvuelven estas organizaciones criminales organizadas, cuyos espacios se amplían cada día más, pese al sufrimiento que generan.
Otros oscuros errores…
Una reciente publicación de PROFAMILIA reprochó cómo, recientemente, el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, declaró ante la ONU que no se cumplirán los Objetivos del Milenio, el quinto de los cuales aboga por reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes hasta 2015.
Las estadísticas de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, observan que la mortalidad materna es de 160 por cada 100.000 nacimientos, a todas luces uno de los más altos índices en la región, si se tiene en cuenta que la población alcanza unos nueve millones; la tasa de crecimiento poblacional es de 1,64 por ciento y la tasa de natalidad representa los 25,15 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
La doctora Lilliam Fondeur ha escrito al respecto: “La Constitución marca las pautas de las políticas públicas, dentro de ellas las políticas de educación y de salud. El Código Penal debe responder a las necesidades de la población. El Estado no puede fingir ceguera o simular oídos sordos ante las miles de niñas y mujeres embarazadas por violación. La revisión del nuevo Código Penal debe velar por la vida de todos y todas, inclusive de las mujeres pobres…".
Durante los tres primeros meses del actual año, la mortalidad materna se incrementó en el país, debido a la muerte de 34 madres, mientras que la mortalidad infantil registró 346 niños y se estima un alto subregistro en los reportes hospitalarios.
El año pasado ocurrieron 188 muertes maternas y aunque especialistas como el doctor Milcíades Albert consideran esas muertes como “un hecho inaceptable, una vergüenza y las que mueren son las mujeres pobres que van a los hospitales del Estado”, el mal parece no tener fin. La directora del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Altagracia Guzmán Marcelino, lo sentencia como muertes evitables, “pues el 99.9%, incluyendo aquellas mujeres cardiópatas que llevan un embarazo se les puede dar seguimiento y no fallecen. Aquí el 98% de los partos se realizan en centros y por médicos. El problema de la mortalidad materna es el servicio, aparte de la calidad de la práctica médica, también son los insumos para la práctica. Los directores de lo Hospitales deben garantizar que ese médico o esa médica tengan las condiciones para hacer ese parto”.
Se trata de influir y determinar con acierto en la toma de conciencia sobre la atención que este fenómeno reclama, donde el aborto, penalizado sin excepciones, incrementa el número de víctimas. Se requiere de políticas que garanticen a las mujeres el acceso a servicios oportunos y de calidad que logren reducir la mortalidad materna. Se precisa de “un abordaje integral del aborto que incluya aspectos legales, médicos y sociales”, pues lo que está en peligro es, precisamente, la salud y las vidas de las mujeres, cuyas persecuciones judiciales selectivas y abusivas afectan mayormente a las más pobres, "aunque haya sido violada o esté en riesgo su vida", como señaló Sergia Galván ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde doce organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe de habla hispana presentaron en Washington sus argumentos y denuncias de las violaciones que padecen las mujeres: “cuando gobiernos, iglesia y autoridades machistas quieren gobernar sus cuerpos e ignorar sus derechos reproductivos”.
