Caso Odebrecht: contagia funcionarios y entidades públicas

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El caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana ha dejado entrever las debilidades que existen en el sistema de justicia nacional y su dependencia del Poder Ejecutivo; que sin ser sus atribuciones creó mediante decreto una comisión para que investigue todo lo relacionado al tema, relegando así la función del procurador general de la República.
 
Esta decisión del presidente Danilo Medina agregó más controversia al tan sonado caso, al punto, de que personalidades políticas y de opinión pública han solicitado al procurador Jean Alain Rodríguez, que renuncie de su cargo, debido a que el mensaje del Poder Ejecutivo equivale a decirle: “Estáte quieto, que esto lo manejamos nosotros”.
 
Así lo expresó el director del matutino El Día, Rafael Molina Morillo, quien le ha recomendado a Jean Alain Rodríguez, que renuncie. “Si yo fuera el procurador, renunciara hoy”, indica el destacado periodista en su acostumbrada columna, hoy titulada “Si fuera yo”.
 
Asimismo, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, instó al pueblo dominicano a demandar la renuncia del procurador por carecer de independencia para llevar el caso Odebrecht y estar subordinado a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
 
El excandidato a la Presidencia de la República pidió que se haga justicia y se obligue a la constructora Odebrecht a entregar los 92 millones de dólares que pagó como soborno a los funcionarios criollos.
 
También sugirió paralizar la construcción de las plantas de Punta Catalina y enviar comisiones oficiales a Estados Unidos y Brasil para obtener pruebas sobre los sobornos hechos en el país.
 
Reiteró que sobre el caso sean investigados el presidente Danilo Medina y los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández; además, solicitó incluir a los legisladores que aprobaron los contratos con la compañía brasileña.

Pica y se extiende
Como si se tratara de una epidemia, cada vez son más las instituciones y funcionarios que pudieran estar involucrados en el denominado tsunami Odebrecht, ya que el desfile de personalidades requeridas para ser interrogadas va en aumento.
 
Este martes el turno le tocó al exministro de Obras Públicas y exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Freddy Pérez, por el supuesto soborno de 92 millones de dólares pagados por Odebrecht para lograr contratos millonarios con el Estado.
 
Otro que pasó por los pasillos de la Procuraduría fue el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez. A su llegada, indicó que no tiene ningún tipo de problemas y detalló que con el apoyo del consorcio Odebrecht- Andrade y Gutiérrez, construyeron parte del acueducto de la Línea Noroeste.
 
“Estamos convencidos de que esto se hizo de la mejor manera posible, ahí hubo un consorcio fruto de un llamado internacional que se hizo a compañías interesadas en construir el acueducto de la línea noroeste, donde la mejor evaluación la obtuvo Odebrecht y como Andrade y Gutiérrez tenía el dinero, se usó ese dinero y el tecnicismo de Odebrecht para construir el acueducto”, sostuvo.
 
Para hacer más picante el asunto, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo estar dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público si es citado y sugirió que también deberían acudir el actual presidente, Danilo Medina, y el exjefe de Estado Leonel Fernández.
 
«Lo correcto es que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se investigue a quien se tenga que investigar», señaló Mejía en un encuentro con miembros de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas (Confenagro).
 
De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia, Odebrecht pagó sobornos millonarios en 10 países de América Latina y dos de África a cambio de obtener contratos con entidades públicas.
 
En República Dominicana Odebrecht ha participado desde 2002 en una veintena de obras millonarias de infraestructura que se han ejecutado durante los últimos cinco gobiernos.
 
La última licitación concedida a Odebrecht en 2013 corresponde a una central termoeléctrica que tendrá un costo de unos 2.000 millones de dólares.