Los ex ejecutivos del desaparecido Banco Nacional de Créditos (BANCREDITO), Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, enfrentan otro sometimiento judicial esta vez de un grupo de personas, miembros de reconocidas familias del país, quienes les acusan de estafa.
La querella se produce en momento en que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible un recurso de casación presentado por Pellerano Peña y Mendoza, el pasado 26 de septiembre, por ante la Cámara Penal del tribunal en contra la sentencia de la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que le confirmó una sentencia de ocho años de prisión.
Los señores William John Read Cabral, Margarita Baquero de Reid, Patricia Reid Baquero, Ignacio Méndez Fernández, George Hazoury Tomes, Elsa Peña de Hazoury, Susana Reid Baquero y Carlos Reid Baquero, ahorrantes del Bancrédito y empresas vinculadas, son los querellantes contra Pellerano.
Recientemente el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, manifestó de forma oficial ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el 7 de octubre, el "desinterés" del Ministerio Público para continuar con el caso Bancrédito.
Jiménez justificó su decisión, al insistir que los querellantes originales habían retirado su demanda, luego de que Pellerano Peña y Mendoza los había resarcido.
Dicen los querellantes que Pellerano Peña disfruta de una visa social y económica plena mientras que las personas "que pusimos en sus manos la confianza en el manejo de los ahorros de toda una vida, sentimos que la impotencia, el desasosiego y la frustración nos acompañan a este altura de nuestras vidas".
"En los acuerdos de referencia, hemos recibidos terrenos, acciones y fundamentalmente la cesión de esos pagares a la orden que han sido denunciados por las entidades que deben pagarlos como improcedentes y nuestras propias autoridades, en este caso el Banco Central, ha notificado oficialmente a nuestros abogados, que los pagarés fueron retirados del banco de forma irregular y que nos abstuviéramos de perseguir el cobro o requerir el pago por esta vía", explicaron los querellantes en un documento.
Los acusadores argumentan que los activos recibidos, sin los pagarés, resultan absolutamente insuficientes para resarcir a cientos de depositantes por cinco años han estado reclamando el cumplimiento de los acuerdos y el pago total de los depósitos.
Dicen que la demora del cumplimiento se deriva en una nueva maniobra en perjuicio de ellos y los depositantes, por lo que piden el apoyo de las autoridades financieras y monetarias, la Procuraduría General y la Fiscalía del Distrito Nacional.
