El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, se opuso este martes a que acusados de narcotráfico o crímenes horrendos sean puestos en libertad mediante el pago de garantía económica como medida de coerción.
Favoreció una modificación al Código Procesal Penal para variar lo concerniente a las medidas de coerción, y así evitar que personas acusadas de traficar con droga o por haber cometido un crimen horrendo puedan recuperar su libertad tan fácilmente.
“No procede la garantía económica para una persona que represente peligro para la sociedad, no puede estar libre, porque ponen en riesgo a todo los que le rodean”, comentó Jiménez al ser entrevistado en su despacho.
Algunos juristas se han pronunciado a favor de una modificación del mencionado texto legal, para evitar que delincuentes logren la libertad y vayan a las calles a cometer otros crímenes.
Sobre la investigación a tres fiscales de Santiago, incluyendo al titular Raúl Martínez, el procurador informó que van avanzadas y que serían concluidas en los próximos días por parte de la Comisión de Gestión de la Fiscalía.
