Con el objetivo de rescindir, renegociar o cancelar los contratos con las empresas generadoras eléctricas, una comisión bicameral del Congreso Nacional y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) iniciaron este miércoles la revisión de los mismos.
La Comisión de Asuntos Energéticos procederá a revisar los contratos firmados entre el Estado dominicano y las empresas generadoras Ege Haina, Ege Itabo, Palamara La Vega, Eléctrica San Pedro de Macorís, Smith Enron, Cogeneration Limited Parthership y el Acuerdo de Madrid.
Los contratos fueron llevados al Congreso por el vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, quien, por casi tres horas escuchó los planteamientos de los legisladores, con relación al tema.
El presidente de la Comisión, el senador Juan Orlando Mercedes, explicó que uno de los puntos a tomar en cuenta por los legisladores durante la revisión, es ponderar lo más conveniente para el país en materia energética.
Garantizó que de ahora en adelante serán los trabajos que determinarán que es lo más viable; pero que también consultarán a los diferentes sectores de la vida nacional que tienen que ver con la generación, comercialización y la CDEEE, quien representa al Estado dominicano.
El representante de la provincia Independencia dijo que los legisladores pedieron la revisión de los contratos por las distintas denuncias de algunos sectores, que afirman que existen tratados onerosos.
De su lado, Segura aclaró que más que una revisión, los legisladores tienen el deber de procurar que el país pueda tener un servicio energético con eficiencia y deben ver está situación con un interés nacional.
Aseguró que la motivación del Congreso estuvo fundada por el desabastecimiento parcial del servicio de la electricidad, por problemas de generación, pago y fallas técnicas.
Segura adelantó que es necesaria la renegociación del Acuerdo de Madrid, porque tiene varios aspectos financieros que deja pérdidas entre US$150 y US$200 cada año al Estado.
Dijo que a la vez, el Acuerdo de Madrid, crea dificultad a las distribuidoras para adquirir energía a precio más competitivo, ya que en los componentes de los combustibles existe una distorsión en la fórmula que ayuda a las generadoras a ganar de forma desproporcionada más dinero de lo normal.
Según Segura, los contratos que fueron firmados en el 2001, luego de aprobada la Ley 125-01 de Electricidad, constituyen una violación al artículo 110 de esa legislación, ya que establece que las distribuidoras compraría energía a precios competitivos, para que esta fuera suministrada al país a precios cómodos; pero esa condición se ha perdido y podría extenderse hasta el año 2016.
