Se plantea que mientras que los gobiernos de países desarrollados cubren el 85 por ciento de los gastos médicos de sus ciudadanos, los países pobres no se acercan siquiera a la mitad.
Si bien la salud y la educación son índices que sirven para medir los niveles de pobreza y las desigualdades de un país, las brechas sociales en la República Dominicana no disminuyen, ni mucho menos funcionan los programas focalizados en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Para nadie es un secreto que la gente sigue muriendo por enfermedades que germinan en el caldo de cultivo de la pobreza. La desnutrición, por ejemplo, es causa de enfermedades que conllevan en ocasiones a la muerte.
Se habla de un 66% de hogares dominicanos amenazados por factores de contaminación ambiental, y que la inversión destinada por parte del Estado para enfrentar dichos problemas se ha reducido progresivamente desde el año 2002, según expuso el Informe sobre Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De acuerdo al Informe, un 74% de los habitantes de la provincia Santo Domingo y el 70 % de los pobladores del Distrito Nacional viven en un entorno contaminado, en tanto que sigue siendo muy baja la asignación presupuestaria destinada a la protección ambiental.
La prensa nacional advirtió que el sector social ha contado, en el actual año, con una posición desfavorable dentro de la distribución del presupuesto nacional, reducido, como ya conocemos a la Educación, que en 2007 recibía 11.3%, mientras que en 2008 recibió 10.4% del presupuesto del gobierno central.
De la salud, ni hablar, el recorte fue de 7.6% en 2007 a 6.6% en 2008. También descendieron las asignaciones para el agua potable y el alcantarillado.
Como nuestras, asumimos las afirmaciones del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo: “Se requiere que la ciudadanía en general se empodere y vea el presupuesto como el principal instrumento de la política pública y, por lo tanto, el mecanismo para reflejar las prioridades de la inversión social frente a otros tipos de gastos. Esta es una deuda que el Estado debe asumir como impostergable”.
