El caso de la Falconbridge Dominicana (FALCONDO) es el primer ejemplo palpable del efecto directo de la recesión mundial en la economía nacional. Desde agosto pasado cuando esa compañía paralizó sus operaciones, debido a la depresión en el precio internacional del níquel, era evidente que el país era vulnerable al deterioro acelerado y profundo que sufrían las economías mundiales y específicamente a la caída del valor de los minerales industriales en los mercados internacionales.
No creo que en aquel momento se comprendió en el país la seriedad de la situación, particularmente agravada por la consistente tenencia a la baja en el precio de los productos primarios (commodities) al cual pertenece el níquel.
Era de esperar que el cese temporal de la producción de FALCONDO se extendería indefinidamente, sujeto a la recuperación de las economías mundiales y su efecto en la demanda del níquel y por ende, en que el precio en los mercados internacionales excediera el costo de producción y los márgenes de beneficios que la empresa requiere para que la inversión continúe siendo viable.
Es la situación que enfrentan los países desarrollados que aún siendo mucho más desarrollados y ricos que nosotros sufren las mismas consecuencias de una desaceleración económica aguda, con un aumento sustancial en el desempleo y el desajuste socioeconómico correspondiente cuando importantes empresas se ven obligadas a reducir o finiquitar sus operaciones.
Problema social y percepción errónea:
Compresivamente la sociedad expresa su solidaridad con los empleados que pierden sus empleos y a veces defienden unos derechos inexistentes apelando a consideraciones de índole social. Algunos critican severamente a la empresa por no mantener vigente los salarios a esos trabajadores aunque esté cerrada. Igualmente se oyen comentarios de que esas empresas obtuvieron cuantiosos beneficios en el pasado por lo cual deben sentirse obligadas a continuar compensando a sus trabajadores por un tiempo indefinido. En el caso específico de FALCONDO tal vez los críticos desconocen o se han olvidado, que la empresa no generó benéficos durante los primeros diez o doce años de su existencia, y que por el contrario acumuló pérdidas en ese periodo. Aunque el periodo varía, es común en el sector de explotación minera operar con perdidas durante un tiempo, sobre todo cuando las inversiones se realizan con recursos provenientes de préstamos.
En cuanto a los derechos de los empleados, las compañías están obligadas a pagar religiosamente los salarios que les corresponden conforme a lo pactado y aceptados por ambas partes, siempre que no sean inferiores al mínimo que exige la ley. Igualmente las empresas están obligadas a pagar las prestaciones sociales correspondientes al momento del despido. No existe ninguna otra obligación de recompensa directa o indirecta de la empresa. Por consiguiente cualquier pago o compensación adicional por parte de la empresa, es discrecional y debe ser aceptado como tal.
Esas críticas sobre la injusticia de una empresa que alegadamente no asume una responsabilidad por los empleados despedidos (por una causa de fuerza mayor) más allá de lo que les corresponden legalmente, se fundamentan en el concepto extremista e irracional que aún persiste, de que esas compañías usualmente multinacionales, son ricas; pertenecen a ricos y explotan a los trabajadores. Se les tilda de fieles exponentes del llamado “capitalismo salvaje”.
Tal vez por no existir en el país un mercado de capitales (bolsa de valores donde se negocien acciones), se ignora que las grandes compañías catalogadas como “públicas” pertenecen a millones de accionistas, desde pequeños ahorrantes hasta instituciones (fondos de inversión; fondos de pensiones etc.) Por lo tanto cuando los beneficios caen y el valor de las acciones desciende, ellos sufren mermas en sus ingresos y patrimonio simultáneamente, y cuando una empresa se declara en quiebra las pérdidas pueden a la vez arruinar a muchos de esos accionistas, principalmente a los pequeños. De hecho aunque la empresa pertenezca a una sola persona es inicuo exigirle que asuma una responsabilidad que representa el pago de recursos que no posee ni está en condiciones de obtener. Me atrevo a insertar una nota sarcástica, al decir que esa imposición es como si los pasajeros del “Titanic” exigieran una suculenta cena antes de embarcar en los botes salvavidas o que la tripulación les entregara el equipaje almacenado en las bodegas del buque antes de abandonar la nave.
Por ejemplo las acciones de XSTRATA, la compañía que posee el 85.26% de FALCONDO, se cotizaba en octubre pasado a 17 Libras Esterlinas en el mercado de Londres y en la primera semana de diciembre descendió a 6 Libras Esterlinas, siendo este su precio más bajo en cinco años.
¡El valor de las acciones de XSTRATA ha perdido el 90% del precio más alto alcanzado, y como consecuencia el valor mercado de la empresa se ha reducido de $60,000 millones a $7,000 millones!
Por otro lado no cabe duda que existen empresas que abusan bochornosamente de sus trabajadores y violan los más fundamentales derechos humanos, así como depredan el medio ambiente de manera grosera, mayormente en los países en desarrollo. Por supuesto hay entre ellas muchas compañías que pertenecen a intereses locales ya que esas prácticas deplorables no son exclusivas de las compañías extranjeras. En realidad el número de multinacionales que se comportan de esa manera ha ido disminuyendo y en la actualidad muchas se adhieren a una política de responsabilidad social de mayor alcance que las impuestas por los gobiernos anfitriones en los países donde operan.
Empresas y el Estado:
Por supuesto que el comportamiento de las empresas depende en gran medida de las leyes y regulaciones impuestas en los países anfitriones, aunque las multinacionales provenientes de países altamente desarrollados están obligadas a aplicar en el extranjero los mismos principios y prácticas laborales etc. que se les exige es sus países de origen. Nos referimos por supuesto a empresas prestigiosas y de amplia trayectoria y no a compañías fantasmas registradas en paraísos fiscales cuyo propósito es ganar dinero de la manera fácil y rápida, evadiendo las regulaciones y controles. Es por consiguiente fundamental que el país escoja cuidadosamente las empresas extranjeras que solicitan permiso para operar en su territorio. Las grandes empresas cuyas acciones se cotizan en las principales bolsas de valores son por lo regular confiables, y por consiguiente solo queda establecer con absoluta transparencia las reglas del juego en beneficio mutuo de esas empresas y el Estado. Este debe velar por que las empresas cumplan con las leyes locales en toda su extensión y deberá monitorear sus operaciones y comportamiento en defensa de los intereses nacionales, incluyendo los compromisos con los trabajadores y la protección del medio ambiente. Por supuesto que ese mismo tratamiento se le debe dar a las empresas nacionales y de hecho así se contempla en los tratados de libre comercio.
Frente a la recesión mundial:
La actual crisis global presenta una situación imprevista hasta hace poco, con consecuencias de alcance mucho más amplio y severo de lo que muchos anticipaban unos meses atrás cuando afloraron los primeros síntomas. Era inconcebible entonces que el petróleo cayera de más $140 el barril a $40 en un periodo de unos tres meses.
El mundo se enfrenta a una situación sin precedentes desde la segunda guerra mundial que requiere de medidas drásticas, desde las que producen efectos inmediatos hasta una reestructuración de algunos componentes fundamentales de los sectores financieros y productivos, así como del papel que debe desempeñar el Estado en el desarrollo sostenible de las economías, cuyos efectos se miden a mediano y largo plazo.
En la actualidad muchas empresas nacionales y extranjeras, están expuestas a la quiebra. Algunas no podrán sobrevivir y hasta algunos sectores industriales como el automotriz de los EEUU están expuestos a desaparecer. Frente a esa situación en que peligra su propia existencia, es ingenuo pensar que compañías como FALCONDO deben convertirse en entes cuya función principal sea la de preservar el bienestar social. Las empresas como tal, se deben a sus accionistas y se crean para que estos obtengan el beneficio que ellos requieren y esperan a cambio de poner en riesgo su capital, o sea sus ahorros. Es decir recibir un retorno aceptable de su inversión.
Asistencia social:
En los países desarrollados el desempleado recibe asistencia del Estado en forma de dinero y ayuda para conseguir otro empleo. El empleado y empleador contribuyen usualmente a un fondo del Estado que permite ese apoyo sin que este tenga que recurrir a los fondos provenientes de los contribuyentes a través de los impuestos. Desafortunadamente en la mayoría de los países menos desarrollados no existen esas facilidades y aunque en el nuestro se pagan las prestaciones sociales, en efecto el desempleado queda en muchos casos desamparado. Muchas empresas grandes reconocen esa situación y adoptan en esos casos programas de ayuda temporal para amortiguar el impacto, especialmente cuando el despido es masivo como es el caso de FALCONDO. Esa actitud representa un comportamiento responsable por parte de la empresa aunque no necesariamente desinteresado, ya que la paralización de sus operaciones es temporal y requiere mantener una buena imagen en la región y en el país. Es igualmente importante para la empresa retener en la región esos ex-empleados capacitados que han sido entrenados por ellos a un costo sin duda considerable, y con los cuales cuenta para reactivar sus operaciones en el futuro.
Dado que la reactivación de FALCONDO depende de la recuperación del precio del níquel impulsado por una mayor demanda, no se prevé que eso suceda hasta posiblemente el tercer o cuarto trimestre del próximo año.
Sugerencia:
De todas las crisis se aprende o se debe aprender algo positivo que si se adoptan medidas correctivas pueden evitar los errores del pasado y mejorar las condiciones en el futuro. En este caso se me ocurre que las empresas de cierto tamaño deben poseer unos recursos financieros que permita durante un año a los empleados despedidos por causa de fuerza mayor, sufragar el costo de los beneficios recibidos en adición a sus salarios, ya que esas empresas acostumbran a ofrecer paquetes de asistencia social de los cuales los empleados han llegado a depender.
Por eso se propone lo siguiente:
• Las empresas que operen en el país con más de 100 empleados en nómina sean nacionales o extranjeras, deben crear un fondo de contingencia de asistencia a los empleados despedidos exclusivamente por fuerza mayor.
• El fondo estaría destinado a sufragar durante un periodo de un año las primas de seguro de enfermedad y vida; gastos de educación de los dependientes; gastos relacionados con enfermedades crónicas o severas contraídas durante su empleo en la empresa y el costo de capacitación de los propios despedidos en profesiones distintas a las desempeñadas en la empresa, para facilitarles su integración al mercado laboral. Se pueden especificar otros gastos pertenecientes a programas o facilidades que la empresa haya otorgado a sus empleados asumiendo su costo, como parte del paquete de beneficios.
• El fondo puede crearse sin grandes sacrificios para las empresas reteniendo el 1% o 2% los beneficios netos anuales, hasta un monto que represente como mínimo, el total estimado de los costos que el fondo debe cubrir durante un año y sería revisado anualmente.
• El fondo podría ser invertido en el país en títulos valores de bajo riesgo con liquidez en el mercado, y los ingresos provenientes de esas inversiones que estarían destinados a alimentar el fondo, deberían estar exentos del impuesto sobre la renta.
• Los pagos recibidos por los beneficiarios del fondo también deberían estar libre del impuesto sobre la renta.
Es una idea solamente que requiere un detenido análisis para determinar sus méritos y posible aplicación.
Beneficios:
Para los empleados despedidos, el beneficio es obvio al igual que para el Estado ya que se reduce la presión social que origina el despido imprevisto de un número significativo de personas concentradas en una región determinada. No obstante el Estado deberá crear programas de ajuste para reducir el impacto socioeconómico en la región.
Para las empresas que se sienten comprometidas con el bienestar de sus empleados y la región donde están ubicadas, el fondo de contingencia les permite disponer de recursos para cumplir con sus respectivas políticas de “Responsabilidad Social” sin tener que recurrir a otras fuentes, lo cual puede ser muy difícil o tal vez imposible debido a la dura situación que atraviesan cuando están obligadas a reducir substancialmente sus operaciones o a cerrar ya sea temporal o definitivamente.
Conclusión:
En todo caso las economías se recuperarán y vendrán tiempos mejores. También considero que FALCONDO y XSTRATA prevalecerán y si no, existen otras compañías mineras de mayor tamaño en el mundo que las podrían adquirir, ya que la realidad es que la empresa posee 20 años de reservas mineras; con una infraestructura adecuada; tecnología moderna y los equipos necesarios instalados y en buenas condiciones y además el país goza de mano de obra calificada. Bajo esas circunstancias, la situación es pasajera y se puede apostar a que las actividades se reanudarán probablemente el próximo año. Veremos.
