“El bienestar del pueblo es la ley suprema “.
Cicerón
¿Comprenden los dominicanos lo que está sucediendo? De soslayo, esta declaración que leemos en la prensa: “La Federación Nacional de Productores de arroz rechaza disposición de desarme de la población, ordenada por el Secretario de Estado de Interior y Policía”. Esto más que inquietante es grave. Personas y organizaciones importantes desafían la autoridad; sencillamente esto es desobediencia civil. ¿Por qué llegar a estos extremos? Sienten que no pueden ejercer la sagrada defensa legítima de la vida y los bienes.
El silencio de la meditación nos recordó los días en Taiwán, donde leí una disertación filosófica de Yung: “Para desempeñar las funciones de gobierno, es preciso además de estar capacitado, saber actuar dignamente en cada ocasión, para de esta manera poder obtener el respeto de los súbditos, también precisa mostrarse justo y liberal, sin caer en la excesiva generosidad a la que arrastra una personalidad desprendida.
“Cuando el respeto y la cortesía hacia los demás no se adaptan a las reglas y leyes establecidas, se hacen enojosas. Si la obediencia no esta unida a una firme y profunda convicción, se pasa a la manifestación de la rebeldía”.
El diccionario de política R. Garzaro: – Cuando la autoridad constituida no es capaz de dirigir y controlar las distintas tendencias sociales y se produce una situación caótica. Así pues hay anarquía.
Protestan contra el Secretario de Interior y Policía, que está violando la ley 36. El funcionario responde que el artículo 27 de dicha ley le faculta a tomar la medida.
La controversia y la fuerza de los recuerdos nos presentan un día histórico de la Roma Imperial, cuando el gran tribuno Cicerón era su cónsul, en el año 43 A.C.
En el Senado, la figura gallarda y prestigiosa, con su voz extensa, expresiva y de timbre muy agradable, aplastando la conjuración de Catilina, en la cual serian asesinados el propio Cicerón, todos los senadores y la República desaparecería con sus instituciones.
El Senado, sumamente legalista, se dio cuenta que Cicerón detuvo la conspiración usando medios reñidos con las normas y procedimientos establecidos por la República y le reprocha preguntándole en virtud de qué norma había actuado como lo hizo, porque había apresado a Catilina y sus seguidores sin ajustarse a las garantías que la República establece en esos casos, acudiendo a la casa donde estaban los conjurados en la oscuridad de la madrugada. La ley exigía hacerlo en la claridad del día.
Cicerón, un fogueado penalista de mente ágil, da dos pasos, abre los brazos y responde con esta frase digna de esculpirse en el mármol sagrado de la historia: “La salud de la República es la ley suprema” y enseguida les razona: “No tiene sentido dejar perecer la República en una situación de emergencia, en un estado de necesidad por respetar algunas de sus normas ya que la República como tal, vale más que cada una de sus normas”.
Esta doctrina se conoce en derecho como la Doctrina del Estado de Seguridad.
Catilina fue condenado a la pena capital. Este se fugó y murió combatiendo en la guerra de Yugurta.
Los dominicanos hemos perdido la seguridad, la violencia asesina vive su presencia constante. El Dr. Franklin Almeyda, en la búsqueda de la protección a la ciudadanía está como Séneca y Cicerón, en quienes se cebaron los dardos de la crítica malévola y de la incomprensión. Este no es el curso de la navegación segura para una sociedad.
Debemos ejercer el equilibrio y la tranquilidad en todo momento, para estar siempre dispuestos a ayudar a los demás, esto es lo principal en las responsabilidades de todo género.
Urge ejercer el autocontrol, de lo contrario ausencia de disciplina y obediencia desembocaran en insubordinación. Demos vigencia a la reflexión en silencio. La prudencia aconseja el estudio del por qué de la violencia que nos abate. Concentrados en el análisis llegaremos a conocer el origen de los males para poder reducirlos a su minima expresión.
Somos partidarios del desarme total, como suele ser en otros países en los cuales solamente los miembros de la policía y de ciertas compañías de seguridad y vigilancia portan armas de acuerdo al servicio que prestan a la ciudadanía.
La ley 36 debe modificarse. La tranquilidad y la vida de muchos ciudadanos se pierden ante la presencia del porte de armas indiscriminado y sin razón, la mayoría de las veces para aparentar un machismo desfasado.
Necesitamos una ley inherente a la naturaleza moral del hombre y conforme a las estructuras de la sociedad, que reafirme ciertos principios éticos-jurídicos de carácter ineluctables. Aplicar la razón suprema, la cual ordena lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario.
