El juez titular de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, expresó mediante un documento su oposición a que ese tribunal erogue el penúltimo y último pago al Consorcio Auditor RSM-BEPAM- Pellerano &Herrera-Soriano Martínez y Asociados, hasta que la empresa cumpla con las pesquisas y enmiendas faltantes.
Según las condiciones de pago estipulado en el contrato firmado entre las partes, el tribunal electoral debe realizar un cuarto pago correspondiente al 20% del monto total, es decir, US$110,600 del total acordado por entrega del cuarto informe de la auditoria.
En ese sentido, Aquino explicó que aunque esa clausula habla del cuarto informe, en realidad se refiere al tercero, que de acuerdo a la sección 7.1 del referido contrato deberá entregarse a más tardar dentro de los 90 días de la entrada en vigor del contrato y aceptado por la JCE dentro de 7 días contados después de recibirlo.
Aquino, quien también es miembro de la Comisión para la Licitación del Contrato JCE –SOMO, junto a los magistrados John Guiliani, Aura Celeste Fernández y César Féliz Féliz, precisó que pese a que el Consorcio entregó a tiempo el Tercer Informe, el mismo presentó graves imprecisiones.
El juez comicial indicó que esas imprecisiones obligaron a la comisión del pleno remitirle una comunicación en fecha 13 de noviembre de 2008, solicitando completar 53 puntos relativos a los que se esperaba en el Tercer Informe.
El magistrado detalló que ese informe debía ofrecer un diagnóstico de la situación del proyecto de Automatización del Registro Civil, Registro Electoral y Proceso Comicial, también un análisis minucioso del proyecto y una evaluación de las responsabilidades contractuales de ambas partes.
De acuerdo al funcionario electoral, la respuesta de la firma auditora fue “Este punto será revisado por el consorcio y modificado en caso de que aplique”.
Ene se orden, el juez de la Cámara Administrativa asegura que el tribunal comicial podrá retener los pagos hasta que el informe final se ajuste a los términos del presente contrato y sea aprobado por el pleno JCE.
La JCE firmó un contrato con la empresa soluciones modernas para que automatizara el Registro Civil, Registro Electoral y el Proceso Comicial, pero los trabajos de automatización fueron paralizados por irregularidades presentadas en el servicio.
