El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideró este viernes que la sentencia evacuada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en torno al caso de la Sun Land, constituye un atentado al Estado de Derecho de la República Dominicana, al tiempo que reduce la esperanza que tiene la ciudadanía de vivir en una nación en la que imperen la Constitución y las leyes.
El presidente del PRD, Ramón Alburquerque, expresó que con este dictamen le han inferido una herida profunda a la Carta Magna, al pretender cercenar el derecho que tienen los dominicanos de imponer acciones en inconstitucionalidad, cuando se trate de violaciones flagrantes en la Sustantiva del Estado, como son las acciones del presidente Leonel Fernández.
El PRD indicó que lo que hizo fue, justamente, actual como denunciante de la violación, tal como siempre mantuvo este criterio hacia el más alto tribunal del país.
Manifestó que con su sentencia, la SCJ da un paso atrás, con una visión conservadora que limita el derecho ciudadano, para denunciar actos de esta naturaleza.
La organización resaltó la posición valiente de los magistrados Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Aníbal Suárez, cuyo voto disidente salva la credibilidad del Poder Judicial.
Dijo que respeta las declaraciones del presidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, hechas antes de la lectura del dictamen; pero que esto revelado la fragilidad institucional a la que están sometidos los poderes del Estado, como consecuencia de la imposición del presidente Fernández.
Asimismo, el PRD advierte que el caso de la Sun Land no ha perecido ni clausurado y que aunque la voluntad del mandatario así lo quiera, no se cerrará con sentencias que respondan a criterios del pasado y que concluirá cuando un juez, de manera irrevocable, administre justicia independiente e imparcial y sancione a los responsables, “hoy cobijados bajo la sombra del poder”.
La SCJ declaró inadmisible el jueves los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo (FSA), contra el contrato de préstamo por US$130 millones entre el gobierno dominicano y la empresa Sun Land.
Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema, alegó que quienes debieron presentar esos recursos fueron el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, a través de los presidentes de las cámaras legislativas, donde debió ir la solicitud de préstamo.
