En estos momentos reflexiono sobre el año que terminará en breve, bien vale preguntarse hasta qué punto las políticas públicas y las acciones afirmativas que se fueron hilvanando durante estos meses ya permiten apreciar ciertos resultados en el plano cultural y material.
Para cualquiera de las valoraciones que vamos a proponer tenemos que considerar que las relaciones de género están determinadas por las de poder, donde están presentes la inequidad y la desigualdad entre hombres y mujeres.
Siempre se esclarece que la cuestión de género no es asunto de mujeres solamente. Analizar el concepto con esa perspectiva, se amplía el radio de análisis de la realidad, para interpretarla primero y tratar de modificarla posteriormente, atendiendo a las condiciones objetivas de cada momento y lugar.
La presencia femenina fuera del marco doméstico siempre ha provocado debate público porque resquebraja los esquemas sobre los roles tradicionalmente establecidos. La presencia de las mujeres en la vida pública, en lo social, administrativo, estatal o privado las convierte en agentes de cambio.
La lucha por la igualdad de oportunidades determina no anular las diferencias de sexo, pero provoca contradicciones insospechadas. Hace de medio siglo, en algunos países de Nuestra América las mujeres carecían del derecho al voto.
Cuando Gabriela Mistral fue nombrada Premio Nobel de Literatura, estaba imposibilitada de ejercer el sufragio en Chile, su país natal. Otro lamentable ejemplo es el caso de la oaxaqueña Eufrosina Cruz Martínez quien salió electa presidenta municipal, pero los llamados “usos y costumbres” de este territorio le impidieron ejercer el cargo.
El tiempo les dio la razón. Mientras que en la década del setenta las feministas mexicanas salieron a la calle por sus reclamos constitucionales y civiles, hoy ya alcanzaron sus derechos en los Estados mexicanos de Yucatán y Zacateca, y dos mujeres ejercen sus funciones como gobernadoras.
En este año que concluye, después de aprobada la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, varios estados mexicanos dieron pasos esenciales hacia la institucionalización de la perspectiva de género en las instancias de la administración pública.
Materializar esta realidad, implica armonizar las leyes generales, modificar textos de reglamentos, de Códigos, de estructuras, de procedimiento y múltiples acciones que deben ofrecer las respuestas adecuadas a esas demandas sociales de igualdad de oportunidades.
En unos de los acuerdos aprobados por la Red Nacional de Mujeres Munícipes y Municipales de 2008, se recababa el apoyo de los Cabildos para la creación de las instancias municipales y en 2008 muchos municipios ya cuentan con sus representantes femeninas en todos los territorios, independientemente de las organizaciones políticas que ejerzan gobierno.
La incorporación de la mujer a la sociedad se representa en lo individual cuando la madre, la esposa, la hermana, la novia salen a trabajar y se convoca al reordenamiento de las actividades familiares, donde todas y todos deberán aportar de manera diferente al desarrollo del bienestar colectivo y a la reproducción de la fuerza de trabajo, actividad que era responsabilidad de una sola persona: ella, quien se quedaba en casa.
Las acciones se ven directamente en la población y se influye en la manera de pensar y de actuar como lo señala la práctica durante estos años de incorporación de la mujer al trabajo. No se trata solamente de aplicar las normativas en la macro economía, en las instancias administrativas estatales o en la esfera jurídica. Si bien son pasos esenciales para actuar con legitimidad y propiciar las acciones de cambio, en la cultura, la ideología y la consciencia social, sin olvidar los medios masivos de comunicación. La lucha es larga pero continúa día a día….
*Maestra en ciencias de la Comunicación.
www.leecolima.com.mx
