Los jurisconsultos a los que apeló la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para tratar de justificar lo injustificable le han tendido patente de corzo para el despropósito, arguyendo que la ley de función pública, que rige para todos los mortales que laboran para el Estado no aplica ni para esa entidad ni para la Junta Central Electoral.
La ley 41-08 en el inciso 4 de su artículo 58, reza que entre los derechos de los servidores públicos está el de “recibir el sueldo anual número trece (13), el cual será equivalente a la duodécima parte de los salarios de un año, cuando el servidor público haya laborado un mínimo de tres (3) meses en el año calendario en curso”.
El artículo 33 de los reglamentos de recursos humanos de la Cámara de Cuentas, se acoge a los mismos requisitos de la ley de función pública, pero los arreglistas contratados para justificar una “indelicadeza”, señalan que ese reglamento opera para todos los empleados de la Cámara, no así para los miembros de su pleno, quienes con cincuenta y dos días en el cargo se consintieron una regalía correspondiente a un año de labores, y no conforme con tan generoso beneficio, se dieron un incentivo del mismo monto que el de la regalía, mientras por otra parte, con cargo a los contribuyentes se hicieron proveer de una tarjeta de crédito con un monto de 150 mil pesos para sus menesteres menudos y de cinco mil dólares, que no vienen nada mal para pasearse por algunos moles.
Y como eso no les era suficiente para alegrarse sus navidades, también se hicieron preparar una canasta de bebidas y exquisiteces navideñas sin estrecheces en el gasto.
No se si los jurisconsultos que la Cámara consultó para que le prepararan el infeliz comunicado que publicaron el 24 de diciembre, considerarán que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas estarán por encima de la Constitución de la República, y que por lo tanto también tendrían licencia para la prevaricación sin atender lo planteado en el Artículo 102 de nuestra carta sustantiva que reza:
“Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.”
De paso también se colocarían por encima del Artículo 100, que dice que “La República Dominicana condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos”.
Parece que los juristas consultados ahora fueron los mismos buscados por los miembros de la Cámara de Cuentas anterior, que cuando se llevaron el sueldo a 650 mil pesos mensuales, alegaban que no violaban la ley de austeridad que la propia Cámara estaba a cargo de hacerle cumplir los otros servidores del Estado, porque esa ley supuestamente no incluía a la Cámara de Cuentas.
Es como si el legislador habría tenido el más ilógico de los espíritus al dejar a la Cámara de Cuentas como el chivo sin ley, con el propósito expreso de tener un regulador sin calidad ética para regular.
Lo más dañino de este caso no es que unos servidores del Estado hayan hecho provecho de las atribuciones puestas a su cargo para tomar decisiones en su propio beneficio, lo peor es que quienes lo han hecho son los llamados a evitar que el Estado se use con criterio de piñata.
Importa poco el valor de la suma distraída en forma a todas luces ilegal, lo peor es que los que se han tomado ese poco quedan sin calidad para vigilar y sancionar a aquellos que se toman poco y a los que se toman mucho.
Es una lástima que el que se equivoca y traiciona la confianza depositada por la sociedad, no sepa reconocer su error, y en gesto de honor presentar su renuncia, como es tan común en democracias más desarrolladas. Las instituciones no se mueren cuando desaparecen, fallecen aunque estén vivas cuando carecen de calidad para actuar.
Si no estamos en capacidad de escoger una Cámara de Cuentas que sea capaz de cumplir con su rol, sin ser la primera piedra de escándalos de la administración pública, suspendámosla por un tiempo, que el país no se perdería de nada y se economizaría muchos recursos.
Si mala es acción cometida, peor es la terquedad con la que se persiste en justificar el dolo.
Yo creo que la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, merece más consideración y respeto.
