El derrumbe financiero del 2003 que obligó al gobierno pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que firmó un acuerdo para la recuperación económica del país que concluyó en enero de este año, tuvo su desenlace en el 2008 cuando los banqueros involucrados fueron a la cárcel.
Otros casos de fraudes bancarios continuaron en proceso tanto en cortes nacionales como tribunales del extranjero.
El año que concluye se caracterizó por una publicitada actividad judicial con el envío a la cárcel de los ejecutivos de los que fueron los principales bancos comerciales de República Dominicana.
Aunque en el 2007 se produjo la primera condena, fue en el 2008 cuando se confirmó la sentencia de 10 años de prisión a Ramón Báez Figueroa y Luis Álvarez Renta.
La sentencia también incluyó a Marcos Báez y a Vivian Lubrano de Castillo, esta última finalmente indultada por el presidente Leonel Fernández.
Vivian Lubrano de Castillo había sido descargada en primer grado por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En su sentencia los magistrados encontraron culpable a Báez Figueroa, Báez Cocco y Álvarez Renta de violar la Ley Monetaria y Financiera, por lavado de activos y abuso de confianza
Mientras que la Suprema Corte de Justicia ratificó una condena de ocho años de prisión y pago del equivalente a unos 72.000 dólares a dos banqueros acusados de un fraude en el Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) que habían apelado la decisión de una corte.
El presidente de la institución Manuel Arturo Pellerano y el vicepresidente Juan Felipe Mendoza fueron enviados a la Cárcel de Najayo, donde también están los involucrados en el caso Baninter.
Los empresarios fueron demandados por el Banco Central y tienen pendiente de fallo otra demanda por parte de un grupo de ahorristas.
La Procuraduría General de la República declaró, el 7 de octubre, su "desinterés" para continuar con el caso, pero el tribunal superior obvió el señalamiento del Ministerio Público y procedió a la ratificación de la condena.
Bancrédito anunció en el 2003 falta de liquidez para seguir operando, traspasando sus activos a otra institución bancaria privada, el Banco Profesional.
Entonces, el Banco Central decidió demandar a sus accionistas por presunto fraude contra el Estado, al alegar que erogó fondos para cubrir deudas y compromisos de Bancrédito.
El colapso de Bancrédito se unió a la desaparición del Banco Mercantil y a la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), también en el 2003.
El caso del Mercantil continúa en una de las cámaras penales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde accionistas de la institución acusan al anterior ejecutivo, Pedro Castillo de robo civil y otros cargos criminales.
Paralelamente mantienen otra demanda en los Estados Unidos donde la jueza Barzee Flores, del Undécimo Tribunal del Distrito del Condado de Miami-Dade, ratificó la condena al pago de 79.6 millones de dólares contra Pedro Castillo, quien había solicitado que su caso fuese revisado.
En efecto, la magistrada Flores hizo la revisión, ratificando la sentencia y autorizó la inmediata ejecución de todos los bienes de Castillo en Estados Unidos.
El Tribunal del Undécimo Distrito del Condado de Miami-Dade había condenado al ex banquero Pedro Castillo Lefeld al pago de 79.6 millones de dólares a sus demandantes Banco del Progreso, Crediprogreso, S.A; Caribbean Card System y BPD Internacional Finance Corporation.
El tribunal conoció la demanda en contra de Castillo por robo civil y otros cargos criminales presentada por los accionistas de las entidades perjudicadas.
La jueza Barzee Flores afirma en su sentencia que Castillo Lefeld, "al tiempo que engañaba a la Junta de Directores, al Comité de Auditoría, a los auditores y reguladores en relación a los resultados económicos del Banco", distraía millones de dólares en beneficio propio y testaferros "a través de cientos de transacciones que dirigía personalmente".
No solo fue el sistema bancario el que produjo escándalos judiciales, también estuvo la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inadmisible los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo (FSA), contra el contrato de préstamo por US$130 millones entre el gobierno dominicano y la empresa Sun Land.
El tribunal alegó que quienes debieron presentar esos recursos fueron el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, a través de los presidentes de las cámaras legislativas, donde debió ir la solicitud de préstamo.
El fallo contó con los votos disidentes de los magistrados Eglis Margarita Esmurdo, Ana Rosa Bergé y José Aníbal Suárez, quienes argumentaron que con esa decisión se le quita facultad al pueblo para reclamar justicia. La decisión causó todo un revuelo en el país.
