Las deficiencias en el sistema eléctrico nacional durante el 2008 se debieron básicamente al desabastecimiento de energía, problemas de generación, falta de pagos y fallas técnicas. Los pronósticos para el 2009 es que los dominicanos seguirán padeciendo los largos y tediosos apagones.
De nada sirvió que el gobierno reconociera el sistema eléctrico como una prioridad nacional, Las perspectivas de superación de la crisis en la producción y el suministro de energía eléctrica son muy mínimas.
La retranca para superar la crisis en el sector se enmarca principalmente en la falta de financiamiento, tanto por vía del gobierno como por el sector privado, que hasta el momento ha mostrado poco interés en invertir en la generación de energía.
En lo que concierne al gobierno, la limitante descansa en que los ingresos previstos a percibir no permiten que en los Presupuestos y Ley de Gastos Públicos se incluyan partidas para la producción de energía y sólo se circunscribe a subsidiar la electricidad que consumen los hogares más pobres. Para el 2009 se consignó un monto de RD$35 mil millones.
Hasta diciembre del 2008, el gobierno mantenía una deuda de US$80 millones, unos RD$2,800 millones, con las generadoras, quienes para presionar el pago promueven jornadas de apagones de hasta 24 horas, con lo que limitan las actividades domésticas, comerciales y empresariales.
Esta situación, durante el 2008, generó protestas casi en todos los pueblos del país y tuvo como resultado la muerte de varias personas mientras reclamaban en las calles el cese de los apagones.
También en el aspecto legislativo, fue muy poco lo que se hizo y como parte importante lo único que se conoce es la sanción en el 2007 de la Ley 57-07 que busca incentivar la producción de energías renovables. Esta Ley promueve la generación de energía eólica, así como la producción de etanol y biodiesel.
Los altos costos que conllevan estas alternativas han impedido que el sector privado se motive a incursionar en el negocio.
DominicanosHoy.com no pudo precisar cual sería el costo de producción de un KW/h con el sistema eólico, pero según el ingeniero Alberto Sánchez, coordinador nacional del Programa de Pequeños Subsidios, patrocinado por el Fondo de Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), su costo es muy elevado, por cuya causa se hace difícil su financiamiento.
Otra alternativa es la generación de energía a través de la construcción de micros centrales hidroeléctricos, con lo que se aprovecharía los caudales de pequeños ríos, sobre todo en las zonas montañosas del país.
Hasta el momento esta es la opción más conveniente por la gran cantidad de ríos existentes en el territorio, cuyas aguas pueden aprovecharse para la generación eléctrica y así favorecer comunidades rurales.
Sin embargo, la generación de energía bajo este sistema también resulta súper costoso. Según explicó el ingeniero Sánchez, un KW/h a través de una hidroeléctrica tiene un precio por el encima de los US$2,500, cuya inversión es recuperada entre 24 a 36 meses.
Esta inversión tiene un retorno a largo tiempo, pero es la más atractiva, porque la hidroeléctrica tiene una vida útil de entre 40 y 50 años, según explicó el experto.
Por el momento, los legisladores sólo trabajan con la revisión de los contratos del gobierno con las generadoras y un proyecto de ley de exploración de hidrocarburos pendiente de ratificación en la Cámara Baja. Este proyecto fue sancionado en el Senado, pero perimió en su trayecto a la Cámara de Diputados, por lo que debe ser reintroducido y luego de aprobado, devolverlo al Senado para su conocimiento y conversión en ley.
Con la revisión o anulación de estos contratos, el país podría ahorrarse miles de millones de pesos al año, según ha expresado el ingeniero Radhamés Segura, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), quien aboga por su eliminación.
Los legisladores resaltan la necesidad de revisar los contratos, porque contienen aspectos financieros que dejan pérdidas al Estado entre US$150 millones y US$200 millones.
Como una posible salida, al menos en los próximos cinco años, es la introducción al Congreso de un proyecto de ley que plantea la emisión de US$2,000 millones en bonos, unos RD$70,000 millones, para la construcción de dos plantas a carbón de 600 KW/h cada una.
La iniciativa ha encontrado el rechazo de partidos políticos y grupos ambientalistas, porque aunque representa la salida más viables e inmediata a la crisis eléctrica, provocará graves daños al medio ambiente por la contaminación que genera, “entonces sería más cara la sal que el chivo”, según los expertos.
Mientras esto ocurre, desde el Palacio Nacional, las iniciativas del presidente Leonel Fernández languidecen en medio de discursos delirantes y negociaciones con inversionistas internacionales.
El más reciente anuncio del presidente Fernández fue la promesa de construir una generadora a gas natural en la provincia de Puerto Plata, cuya capacidad, según su estimación, resolverá el problema eléctrico en toda la región Norte e incluso se podría exportar a otros países de la región.
Entre tanto, la realidad descansa en que el sistema no logra afianzarse por el bajo nivel de confiabilidad en la escasa sostenibilidad financiera y la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, lo que se está llevando una gran cantidad de dólares, que son invertidos en cerca del 85% de la generación.
Puntos positivos que se pueden citar dentro del sistema eléctrico son la Ley de incentivos a la generación de energías renovables y su reglamento, así como la instalación de unos 20 sistemas de producción con fuentes de agua.
Para algunos sectores, además de considerar el rescate del sistema eléctrico como una prioridad nacional, éste debe permitir la descentralización y que todo el que tenga capacidad de producción de uno o dos kilos de energía, pueda hacerlo.
Entienden que se deben crear los mecanismos jurídicos que lo permitan y que al mismo tiempo eliminen las trabas en los procesos.
Para el ingeniero Sánchez, esta apertura representaría una reducción en la factura de compra de combustible y además, permite tener un sistema más aceptable, porque puede darse el caso que, por ejemplo en Santo Domingo, exista una zona donde haya mucho viento y un residencial logre tener una turbina eólica que genere la energía que demandan.
El presidente Fernández para cerrar el 2008 creó mediante decreto el Comité Presidencial para el Fortalecimiento del Sector Eléctrico, que tiene por objetivo asesorar al Poder Ejecutivo en la búsqueda de soluciones definitivas para esa área.
La generación de energía está en manos de Ege Haina, Itabo, Palamara La Vega, Compañía Eléctrica San Pedro de Macorís, Smith/Enron, Cogeneratión Limited Parthership y el Acuerdo de Madrid.
