Lima (EFE).- El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) debe recibir una sentencia "severa", como la que se impuso en Argentina al ex dictador Jorge Videla, afirmó hoy el fiscal supremo peruano José Peláez.
El fiscal, que ha llevado la parte acusatoria en el proceso que se sigue al ex mandatario por violaciones a los derechos humanos, declaró a la agencia oficial Andina que la cadena perpetua impuesta a Videla, la máxima sanción contemplada por la legislación argentina, debe ser un antecedente a tener en cuenta.
"Así como la justicia argentina impuso la condena máxima que rige en ese país de prisión perpetua, también la justicia peruana debe aplicarle a Fujimori la sanción máxima de 30 años, conforme establece la legislación para homicidio calificado, lesiones graves y secuestros", remarcó.
Videla, que fue condenado en 1985 a prisión de por vida, fue indultado en 1990 por el Gobierno de Carlos Menem, pero ha vuelto a ser sometido a arresto domiciliario por delitos relaciones con el robo y la sustitución de identidad de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar (1976-1983).
Al respecto, Peláez remarcó que en su país "todos deben ser juzgados y sancionados por igual" de acuerdo a la gravedad del delito cometido.
"Una sentencia condenatoria es un hecho positivo porque transmite a la ciudadanía nacional e internacional que no se hace distingos entre ex presidentes y personas comunes que cometen delitos", acotó.
El fiscal también comparó el juicio a Fujimori con el que se siguió al ex presidente serbio Slobodan Milosevic, el primer ex jefe de Estado que compareció ante un tribunal internacional por delitos de lesa humanidad.
Tanto la Fiscalía como los abogados de las víctimas de los crímenes atribuidos a Fujimori acusan al ex gobernante de haber sido "autor mediato" de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), es decir, que cometió esos delitos sirviéndose de otros.
Según la tesis de la acusación, el ex presidente no necesitaba "dominar la voluntad del ejecutor" de las matanzas, sino que le "bastaba controlar" los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas para llevar a cabo su política antiterrorista.
Al respecto, Peláez dijo hoy que "el juzgamiento y la posterior condena a Fujimori transmite al mundo que cuando se tiene que combatir la subversión no se puede emplear los mismos métodos que los terroristas usan, es decir, los asesinatos y la desaparición de personas".
"La venganza, el ojo por ojo y diente por diente debe de superarse en una ciudad donde se respete el Estado de derecho", enfatizó.
La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de Estado de 1992.
La defensa del ex mandatario niega que éste haya aplicado una estrategia de "guerra sucia" para luchar contra el terrorismo y afirma que se aplicaron políticas de "pacificación" sin violaciones a los derechos humanos.
El próximo lunes se prevé que los abogados de las víctimas culminen sus alegatos finales del proceso, para que inicie el suyo el letrado de Fujimori, César Nakazaki.
El ex gobernante tendrá derecho a dar su alegato final antes de la sentencia en primera instancia, que se prevé que sea dictada a mediados de marzo próximo.
El proceso pasará luego a una segunda y definitiva instancia, ya que la parte que se considere afectada presentará un recurso de apelación.
