Madrid.- El Gobierno español propone a la cumbre del G-20, que se celebrará en abril en Londres, obligar a las entidades financieras a informar sobre sus riesgos y las retribuciones de sus altos cargos y convertir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en supervisor del sistema financiero mundial.
Las propuestas están incluidas en un documento de diez puntos enviado a Londres por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El documento sugiere, a corto plazo, para reactivar el crédito, que los gobiernos compartan con los bancos el riesgo de nuevos préstamos o aseguren los suministros de seguros de crédito, prestando especial atención al crédito a la exportación.
Reclama además un "compromiso político renovado" con el libre mercado, ya que considera que uno de los mayores riesgos es el recurso a soluciones proteccionistas.
La primera de las diez propuestas españolas para la reforma del el sistema financiero internacional defiende que "las autoridades públicas deben tener toda la información relevante" sobre las entidades bancarias y los mercados.
Apuesta así, entre otras medidas, por establecer "requisitos obligatorios de información para los fondos de alto riesgo" y por crear "registros de transacciones en los mercados extrabursátiles, incluyendo los mercados interbancarios en los que habitualmente no hay información disponible".
La segunda propuesta se centra en establecer un sistema de provisiones anticíclicas que sirvan a las entidades financieras para cubrir sus riesgos durante las épocas de bonanza y para evitar que, en momentos de incertidumbre como el actual, los bancos dejen de conceder crédito a prestatarios solventes.
La tercer idea parte de la base de que los activos de las entidades financieras han sido sobrevalorados en el pasado reciente, por lo que es necesario mejorar los estándares contables para suministrar información fidedigna a los inversores.
En esta misma línea, el Gobierno español apuesta por garantizar el derecho de los clientes de los bancos a recibir información exacta y justa y reclama medidas "enérgicas" contra las prácticas engañosas o abusivas.
La quinta propuesta busca establecer algún tipo de control sobre las retribuciones de los ejecutivos de la banca.
Aunque descarta fijar máximos legales, aboga por un estricto código de buenas prácticas y propone que los esquemas de retribución de los altos cargos estén sujetos a publicación individual y a la aprobación de los accionistas.
A partir de la preocupación por el "riesgo moral" de las ayudas concedidas a los bancos y que estos puedan llegar a creer que el erario público siempre acudirá a su rescate, propone como sexta medida que las entidades financieras asuman los costes sociales derivados de su fracaso potencial.
Las dos siguientes propuestas van dirigidas a reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En opinión del Gobierno español, las cuotas a este organismo deberían aumentar para reforzar su papel "de prestamista de última instancia", con un marco más flexible, y la comunidad internacional debería aceptar su papel de supervisor y "árbitro" financiero internacional.
España, que plantea reformar la composición del Fondo para adecuar la voz de cada miembro a su peso en la economía mundial, exige además respeto para este organismo cuando ejerza su función de "alerta temprana" de los riesgos.
Las dos últimas propuestas se centran en los Bancos Multilaterales de Desarrollo, que, según el Ejecutivo de Zapatero, también tendrían que ajustar su accionariado a la situación actual y deberían aumentar sus flujos netos hacia los países durante los periodos de bajo crecimiento. EFE
