SACRAMENTO, California.- Los servicios de salud básicos comienzan a ser interrumpidos para los indocumentados en momentos en que los gobiernos locales se ven obligados a hacerlo por falta de presupuesto.
Graciela Barrios, una inmigrante indocumentada, ha recurrido por mucho tiempo a su clínica en el condado de Sacramento para recibir medicamentos y análisis con el fin de controlar su diabetes.
Pero el próximo mes Barrios y miles de inmigrantes como ella dejarán de tener este servicio, a medida que las comunidades recortan los servicios de salud –salvo en casos de emergencia– a los indocumentados y más gobiernos locales se ven obligados a tomar decisiones similares.
En el Condado de Contra Costa, cerca de Sacramento, se realizará una votación el martes para decidir si se cancelan los servicios para los 5.000 inmigrantes ilegales que atienden cada año.
"La situación general ahí la enfrentan casi todos los departamentos de salud del país, y si no lo hacen ahora (los recortes), lo harán muy pronto", dijo Robert M. Pestronk, director de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud Municipales y de Condados.
La información sobre los servicios de salud para inmigrantes ilegales es difícil de obtener, porque las clínicas de las comunidades y los hospitales generalmente no le preguntan a los pacientes sobre su estatus migratorio.
Pero según el Centro Pew de Estudios Hispánicos en Estados Unidos viven unos 11,9 millones de inmigrantes ilegales, y aproximadamente el 59% de ellos no cuentan con un seguro médico, lo que representa casi el 15% de los casi 47 millones de personas no aseguradas del país.
A medida que la crisis financiera causa estragos en los sistemas locales de salud y la pérdida de empleos aumenta el número de personas sin seguro, los encargados de servicios médicos encuentran cada vez más difícil atender las necesidades de sus pacientes, dijo Pestronk.
Mas de la mitad de los departamentos de salud locales de Estados Unidos despidieron o perdieron personal en el 2008, según un sondeo realizado en enero por la asociación de funcionarios de salud. Aproximadamente un tercio pronosticaron despidos en el 2009.
En el condado de Sacramento en un principio estos recortes implicaron el cierre de tres de seis clínicas. En febrero, con menos dinero y más pacientes, los supervisores del condado y los funcionarios de salud tuvieron que decidir si cerraban una clínica más y despedían unos 40 empleados para ahorrar 2,4 millones de dólares, o suspendían los servicios para los aproximadamente 4.000 inmigrantes ilegales que atendían cada año.
"Fue muy difícil para mí éticamente", dijo Keith Andrews, director de servicios de salud básicos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. "La gente que he atendido por años será afectada".
Los condados pueden retirar los servicios de salud a los inmigrantes ilegales sin con ello violar la ley.
Aunque los hospitales que reciben fondos del seguro Medicaid deben atender a todos los pacientes de emergencias, no hay una ley que obligue a los encargados de salud a dar servicios de salud básicos.
