Al jurista e historiador santiagués Edwin Espinal, le preocupa que los legisladores aprueben el artículo 56 de la reforma a la Constitución propuesta por el presidente Leonel Fernández, ya que, tal como está redactado, eliminaría el carácter exclusivo que le confiere a la propiedad intelectual la Constitución vigente.
De acuerdo a la interpretación del citado artículo, la propiedad intelectual pasaría a ser considerado “un acto de creación cultural libre, que no implica para autores creadores o inventores la posibilidad de dominar en forma exclusiva por cierto tiempo su creación”. Tampoco recibirían beneficios que remuneren la inversión realizada para poner a disposición el bien cultural.
La Constitución vigente en su Artículo 8, numeral 14, establece la propiedad intelectual como un derecho humano, pero quedaría derogado si el texto resulta aprobado como fue sometido al Congreso.
De pasar la reforma, “el país dejaría atrás una historia de 150 años y perdería una conquista muy importante para autores, compositores e inventores, cuyas creaciones quedarían al margen de la protección constitucional.
Espinal, entrevistado por Orlando Jorge Mera en su programa Líderes, explicó que la propuesta del Presidente Fernández se contrapone a las leyes 20-00 y 65-00 que amparan el derecho de autor y la propiedad industrial.
Al quedar desvinculadas de la Constitución, estas legislaciones no tendrían razón de ser y los autores dominicanos quedarían sujetos a los convenios internacionales de los cuales el país es signatario y que reconocen sus derechos y la propiedad intelectual.
La propuesta de reforma se produce en momentos en que tanto la falsificación como la piratería han tenido un crecimiento avasallante en el país, motivo por el cual el jurista pidió reactivar la comisión intergubernamental creada para vincular a los diferentes actores que participan en la lucha contra la falsificación y la piratería.
Espinal indicó que aunque la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Oficina de Derecho de Autor y la Dirección de Aduanas, en ocasiones actúan coordinadamente, no existe un órgano que las guíe y articule sus actuaciones, ni tienen estas entidades los recursos humanos y económicos necesarios para cumplir su rol de velar por los derechos de autor.
