Ni tan irracionales ni tan católicos son los asambleístas que votaron para aprobar tal y cual le fue sometido por el Ejecutivo, el artículo 30 del proyecto de modificación constitucional, para no percatarse de que con ese hecho arrojaban la nueva carta magna por la pendiente resbaladiza de la ridiculez.
Desde un país donde no se gasta medio peso en investigación científica, se han tomado la licencia de emitir resoluciones concluyentes en el inagotable debate sobre el inicio de la vida, y no satisfechos de intrepidez, pretenden consagrar su aporte en un texto constitucional único en el planeta.
Como hasta los primeros catorce días del embarazo es posible la gemelación, no se puede hablar de un individuo, pero además tampoco se ha formado la línea primitiva, ni se ha completado la nidación e incluso puede producirse aborto espontáneo, muchos científicos se resisten a aceptar que hasta ese momento se pueda hablar de la existencia de un ser humano.
Otros, en cambio, arguyen que sí, que desde el momento de la fecundación los datos embriológicos permiten confirmar la existencia de un individuo de la especie humana.
Argumentos hay sólidos para cada quien colocarse del lado de la verdad que más le acomode, pero es un debate académico, científico, teológico que no se definirá entre legisladores.
Lo peor es que se establezca una traba constitucional que limite el campo de acción de la ciencia médica, cuando la madre corra peligro de muerte, o cuando el embarazo se haya producido en circunstancias infamantes, como puede ser, por ejemplo, la de que unos delincuentes penetren a una casa y violen a una señora o a su hija, en ese caso no se le deja a la familia más opción que eternizar el trauma.
El cuento es que las excepciones podrían preverse en la legislación adjetiva, como si no estuviera claro que todo lo que se le oponga a la legislación sustantiva cojea de nulidad.
No creo que exagere el doctor José Joaquín Puello cuando sugiere que para completar la afrenta, desde aquí también se sugiera el cierre de las diez mil escuelas de medicina que hay en el mundo, y se abra una nueva en el país que produzca unos nuevos protocolos que contravengan los que se han universalizado en la práctica médica.
Ese catolicismo tan afianzado del que ahora presumen muchos diputados y senadores, no hay razón para que sea mayor que el de sus homólogos de los países más católicos de Europa, como son España, Francia, Polonia, Italia e Irlanda, naciones que desde la segunda mitad del siglo anterior aprueban el aborto terapéutico y, desde años más recientes, con algunas restricciones en Irlanda, auxilian con fondos de la seguridad social a cualquier dama que desee desembarazarse antes de los 20 días de gestación.
Tampoco tienen motivos para ejercer de más ortodoxos que los congresistas de los países de América donde reside la mayor feligresía católica mundial como México, Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, que en ninguno se admiten prohibiciones para el aborto en circunstancias médicas que lo requieran.
En el caso de Colombia, se ha desarrollado una reglamentación que permite implementar y regular la práctica médica del aborto, no sólo el terapéutico sino que la interrupción voluntaria del embarazo fue incluida en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado.
“La reglamentación emitida por el Ministerio de Protección Social a finales del 2006, es un gran avance hacia el logro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y un paso fundamental para garantizar, a través de normativas claras, el acceso oportuno a servicios de aborto seguro”.
Las iglesias no estuvieron de acuerdo con esas normas, pero el chantaje eclesial no impidió que los legisladores desempeñaran su rol, y el Gobierno que motorizó esas iniciativas no ha perdido el aprecio de los católicos, por el contrario, el presidente Alvaro Uribe es después de Barack Obama, unos de los mandatarios mejor valorados del mundo, con la ventaja para él de que lleva varios períodos, mientras lo de Obama corresponde a la luna de miel.
La explicación de ese comportamiento tan decepcionante de los asambleístas dominicanos reside en el hecho de que en vez de ellos quien ha decidido es el miedo.
Su aprobación ha sido tan absurda que para hallarle alguna equiparación hay que irse, como lo hizo la socióloga Rosario Espinal, a la legislación más atrasada contra los derechos de la mujer que se haya aprobado en el mundo moderno, la ley de familia de Afganistán, una concesión oportunista del presidente Karzai a los clérigos chiítas, que no ha hecho más que confirmar que es un pusilánime totalmente incapaz de mantener el control de ese país.
