¿Por qué la corrupción gubernamental ha vuelto a ser plato de mesa en las tertulias cotidianas?
¿Hay más corrupción o lo que ha crecido es su percepción?
¿Quién habrá ido a soplarle al santo padre que ese tema había abandonado el relego en el que lo mantenían las mediciones de opinión para retomar un lugar delantero?
¿Qué ha llevado ahora y no antes al doctor José Joaquín Bidó Medina, coordinador de la Comisión Nacional de É tica y Combate a la Corrupción a decir que se siente asqueado por las constantes denuncias de corrupción en la administración pública?
¿Por qué el presidente Leonel Fernández se ha visto en la necesidad de proclamar que los funcionarios corruptos no podrán contar con padrinazgos?
¿Por qué las reporteras que se han especializado en husmear y airear los potenciales casos de corrupción encuentran hoy una audiencia más cautiva y una mayor repercusión para sus denuncias?
Desde esferas importantes del Gobierno se piensa que lo que pasa es que han aparecido unos funcionarios que más que corruptos fueron torpes y aportaron ellos mismos la soga con las que se les ahorcó en el paredón de la opinión pública y la tinta de los bolígrafos con los que se firmaron sus destituciones.
El caso es que de ser la percepción de corrupción tan reducida a dos gerencias de poca monta, no habrían motivado ni pronunciamientos como los del papa, ni como los de José Joaquín Bidó Medina, ni nuevos juramentos de combate a esa peste, como los emitidos por el presidente Fernández.
A lo sumo la política comunicacional oficialista los pudo haber enfocado como casos aislados que no hacen más que evidenciar el espíritu invulnerable de una administración que no les tiembla el pulso para desentenderse de los que se desvían del camino de la honestidad y la eficiencia.
Lo que pasa es que la percepción ha echado raíces más honda y expandidas, tan así que muchos creen que se trata de una característica de la gestión, por lo que los casos como los de la Oficina Técnica del Transporte o los del PRA, se asumen sólo como muestras de los criterios que están primando en muchos servidores públicos.
Yo creo que la principal levadura de la percepción de corrupción ha sido la crisis económica.
Nadie cuestiona que el jefe de un hogar tome tragos con sus amigos o se consienta una que otra diversión, siempre que eso no afecte compromisos tales como el pago del alquiler o financiamiento de la casa, los colegios de niños y el recorrido por los anaqueles de los supermercados.
Pero lo que se tolera y hasta se celebra cuando no hay precariedad, se criminaliza cuando la cosa se aprieta.
Con unos dominicanos recibiendo menos remesas por parte de sus familiares que viven fuera del país, con el sino del desempleo ampliando sus catastróficas consecuencias por la crisis de las empresas de zonas francas, el derrumbe de las exportaciones y la caída de las ventas no sólo es que hay más pendencia sobre la conducta de los servidores públicos sino mayor sensibilidad frente a los desafueros.
Pero también hay otro síndrome del que la administración debería tratar de protegerse: el de la vejez prematura. Un gobierno nuevo aunque sea el mismo viejo, tiene que comunicar cosas nuevas, pero la gestión luce cansada y sin energías renovadoras. En esas circunstancias es más vulnerable frente a todo cuestionamiento.
Otra explicación sobre el tema de la corrupción, es la que ofrece el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, que entiende que el mal se extiende por las carencias de mecanismos de rendición de cuentas.
Formalmente se supone que hay disposiciones contra el enriquecimiento ilícito, pero en la práctica lo que se da es lo que plantea Bidó Medina, que muchos creen que la designación es para servirse descaradamente del erario.
Hay otro causante que pocos mencionan, pero que para mi tiene un rol estelar en todo lo que se ha estado percibiendo. Se llama reelección presidencial, que aunque ese no sea la conducta un mandatario reelecto, muchos se la toman como una patente de corzo para cobrarse a todas sus anchas los servicios, no siempre transparentes, prestados a la causa.
Lo lamentable es que se esté discutiendo una nueva reforma constitucional con el objetivo expreso de quitarles límites a la que ha sido la principal promotora de la debilidad institucional que frena el combate efectivo de la corrupción.
