El ex candidato a la presidencia Guillermo Moreno dijo este jueves que se trató de una ejecución, la muerte del joven que fue baleado y arrastrado por efectivos policiales en Navarrete, durante un movimiento de protesta, y agregó que la comunidad debe exigir la destitución del jefe de la Policía.
El ex fiscal del Distrito Nacional señaló que el pueblo debe e exigírsele al presidente Fernández, la destitución de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que con su silencio está confirmando que auspicia esas acciones.
Dijo que Fernández no ha sido capaz de tomar una acción concreta que demuestre, que efectivamente, está interesado en que es preserve el estado de derecho.
Advirtió que lo ocurrido en Navarrete, donde los agentes del orden, luego de balear al joven José Aquiles González, de 21 años, lo arrastraron y dejaron morir, además de constituir una actuación arbitraria, es una violación de la ley, por lo que sus autores materiales e intelectuales son perseguibles judicialmente.
Afirmó que esta actuación, en la medida en que es propiciada por las autoridades responsables de mantener el orden, pone en cuestionamiento la vigencia en la República Dominicana de un Estado de derecho.
Deploró la indiferencia oficial frente a la preservación y protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, que el más apreciado de todos es el derecho a la vida.
“Lo que estamos viendo fue una ejecución y, además, balear a un ciudadano y después dejarlo morir, en una parsimonia, es una actitud también criminal”, dijo Moreno.
Señaló que el pueblo debe ir a las calles a exigir sus derechos, ya que las autoridades son incapaces de resolver los problema de la comunidades.
Rol del Ministerio Público
Guillermo Moreno también se refirió al rol que corresponde al Ministerio Público, donde aseguró que existe una gran distorsión, porque en este renglón, el jefe de la Policía tiene el control y el monopolio de la investigación y de la persecución.
Agregó que se trata de una política de Estado donde el Ministerio Público, contrario a lo que indica la ley, está subordinado a ese monopolio y control ejercido por el jefe policial.
“Eso implica una gran distorsión de todo el proceso penal que está reglamentado en un código, el monopolio de la investigación corresponde al Ministerio Público, en este caso fiscales y su autoridad máxima, que es el Procurador General de la República”, acotó.
