El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), Enrique de Marchena Kaluche, llamó la atención sobre la contradicción que existen entre las estrategias de la Secretaría de Turismo para mitigar el impacto de la crisis económica global en este sector y la creación y aumentos de impuestos por vía administrativa decidida por organismos estatales.
También calificó de esta manera la decisión de ayuntamientos de municipios turísticos de exigir a los proyectos de inversión el pago de impuestos que la ley de incentivos exonera, y dijo que esta actitud contrasta con la política generalizada de proteger la industria turística que están aplicando la mayor parte de las islas del Caribe como respuesta a las dificultades que enfrenta esta actividad.
Consideró preocupante que mientras el secretario de Turismo, Francisco Javier García, se ha comprometido a realizar un esfuerzo de concientización con sus demás colegas del Gobierno, instituciones estatales fomentan una creciente práctica de crear impuestos por la vía administrativa o aumentan de manera exorbitante tasas que se cobran en los hoteles.
En ese sentido, ha citado el caso del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado a los acueductos privados que han tenido que construir algunos hoteles donde no existe servicio público de suministro de agua. Además, se suma la decisión de la Autoridad Portuaria de cobrar impuestos en las marinas deportivas y embarcaderos turísticos construidos por el sector privado en los cuales esta dependencia no presta ningún servicio.
A esto hay que agregar la negativa de los ayuntamientos de varias comunidades a acatar la ley que exonera de impuestos municipales a los proyectos turísticos.
De Marchena Kaluche, recordó lo importante que es para el Turismo la creación de una iniciativa concreta ajustada a las necesidades actuales.
“Las medidas que anunciadas por el secretario son importantes, pero la mayoría de ellas más que un plan frente a la crisis, es el tipo de acciones políticas regulares que debieron ponerse en práctica hace tres o cuatro años que más bien constituyen una actualización que era impostergable”, enfatizó.
Explicó, durante una ponencia en la Universidad Central del Este, que países como Antigua, Bahamas, Bermuda, México, San Martín, San Kitts and Nevis, y San Vicent and the Granadines han adoptado serias medidas de exención y reducción de impuestos en temas como el combustible, operadores de yates, costo de habitación, importación de artículos para hoteles, nómina, alimentos y vinos.
Asimismo, Antigua y Saint Vicent and the Granadines han reducido la tarifa por consumo de electricidad, tema que tiene un enorme impacto en los costos y que al igual que en República Dominicana, resta competitividad al producto turístico.
Otras, como Bahamas, Bermuda, México-Cozumel, Granada, Puerto Rico, Santa Lucia y US Virgin Island han incrementado su presupuesto de promoción.
La preservación de empleos y la ayuda social ha sido punto obligatorio en los planes estratégicos de Bahamas, México-Cozumel, Granada y Puerto Rico.
Las únicas islas que hasta el momento no han tomado ninguna medida de protección o alivio a la industria turística son Anguila, British Virgin Islands y Bonaire.
