Entidades que intervienen en la importación, distribución, transporte y venta al detalle de los productos derivados del petróleo expresaron este lunes su preocupación por alegados acontecimientos que entienden afecta el negocio de los hidrocarburos y otros que tienden a transformar el papel regulador del Estado en el de agente económico principal.
Las entidades, agrupadas en la Cámara Dominicana de Combustibles y Energía (CADOCE), dijeron que la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo a Venezuela sin la debida transparencia y en el más absoluto hermetismo, añade un elemento adicional a su inquietud.
Reconocen que el gobierno tiene el derecho de vender las acciones de Refidomsa, “pero entendemos que esa operación por tratarse de un bien del patrimonio público debe hacerse dentro de la más estricta transparencia y observación de la Ley 112-2000, que regula la cadena de comercialización de los combustibles”.
“Esa ley establece explícita y tajantemente que Refidomsa debe continuar dentro del ámbito de la actividad privada. Creemos igualmente necesario para el buen clima de negocios del país el respeto a los postulados de la Ley 533 del 12 de diciembre del 1969, en virtud de la cual se creó la Refinería, que en su acápite B del artículo 9 ordena que se oferte en la venta de sus activos por lo menos un 25% a los agentes distribuidores legalmente establecidos en el negocio, requisito este inobservado en la venta a PDVSA”, sostuvieron.
Reclamaron que el contrato con el Estado venezolano establezca cláusulas de garantías de estos preceptos legales que impidan al mismo tiempo la creación en el futuro de un monopolio estatal en la importación, distribución, transporte y venta al detalle de los combustibles, “tal como ya ha ocurrido en Venezuela”.
Agregan que la eventual dependencia de un sólo suplidor en el área de los combustibles los hace, además, muy vulnerables a los cambios políticos y a los embates de la naturaleza, y por eso “fijamos posición mediante un comunicado al país y a la comunidad internacional”.
Apelan al sentido patriótico del gobierno dominicano para que esa operación, que ha despertado muchas reservas en diferentes sectores de la vida económica nacional, se realice en el marco del más absoluto respeto a las leyes vigentes, acogiendo el derecho debida y justamente ganado por importadores, distribuidores, transportistas y detallistas.
