Agrios enfrentamientos se producen entre los jueces de la Junta Central Electoral (JCE), debido al alegado desconocimiento con que se estaría manejando el presupuesto de ese organismo y los ingresos recaudados.
“Aquí no ocultamos nada malo, ni nada extraño y el que deba hacer una solicitud, aún sea magistrada o cualquier ciudadano dominicano, sobre que hace la JCE, tiene todo el derecho de pedirlo”, indicó Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.
Castaños Guzmán se expresó en esos términos al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de Aura Celeste Fernández, criticando que miembros del Pleno desconozcan en qué se gasta el presupuesto del organismo y los recursos recaudados, y que tardan para entregarle un informe financiero.
En ese sentido, Castaños Guzmán expresó que si un juez solicita el estado financiero o contable, se le entrega, y no ve ningún problema en que esa información sea facilitada a los jueces.
No obstante, Aura Celeste planteó que el tribunal electoral cree mecanismos para que cada juez tenga acceso a los ingresos y egresos de la JCE, y cuestionó que sólo los miembros de la Cámara Administrativa reciban informes de la ejecución economía.
Por otro lado, la magistrada criticó la decisión de usar US$1,250,000 del fondo de la Cámara Contenciosa para completar el primer pago de la deuda con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), aprobado por el Pleno.
“Yo no me inmiscuyó en asuntos de cámaras, simplemente le traté al Pleno la solicitud de que decidiera sobre los fondos necesarios para hacer los pagos a SOMO que estaban autorizado por un contrato que lo componen las cámaras Contenciosa y la Administrativa y el presidente que soy yo” sentenció Castaños Guzmán.
Manifestó que respeta la opinión de la jueza, pero aclaró que no hubo irregularidades en que el Pleno tenga competencia de soberanía para decidir sobre el particular.
El titular electoral destacó que la magistrada no asistió a la sesión donde se aprobó, pese a que había sido convocada en tiempo hábiles, al igual que los demás jueces y tampoco estuvo presente en la sesión que aprobó el contrato SOMO.
