El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, calificó este miércoles como calumnias las acusaciones de la magistrada Aura Celeste Fernández, de que estaría suscribiendo contratos sin la anuencia del Pleno de ese organismo.
“Quiero aclarar que nunca he suscrito un contrato que no haya sido autorizado por el Pleno, no he recomendado un proveedor, nunca me he inmiscuido en la compra de nada que tenga que ir a una licitación”, explicó Castaños Guzmán.
El magistrado fue enfático al señalar que en la Junta Central Electoral no se han dado actos de corrupción, y que siempre ha existido transparencia en el manejo de ese organismo.
Recordó que la JCE es un organismo plenario y cameral, que cada cámara maneja de manera independiente su presupuesto. Indicó que la Ley Electoral sólo faculta al Pleno a elaborar y ejecutar el presupuesto, no a fiscalizar, supervisar, ni controlar.
Expresó que el bien mayor de la JCE son las próximas elecciones, “por lo que cualquier cosa que distraiga la organización de los comicios tiene que ser bien examinada por la institución”.
Los miembros de la JCE se reunieron este miércoles en Pleno, donde no se puso en agenda las denuncias de la jueza Aura Celeste Fernández.
Preguntado sobre el particular, el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, aclaró que la agenda del Pleno de la JCE no está sujeta solo a sugerencias de uno de los miembros.
Aura Celeste Fernández dijo esta semana que el presupuesto de ese organismo se maneja con secretismo, donde ni al propio Castaños Guzmán se le presentan informes de las auditorías que se practican en el tribunal.
Explicó que el presupuesto de la JCE de este año es de 2 mil millones 487 mil pesos que debió elaborarlo el pleno del organismo, pero que nunca lo ha hecho, como lo manda la Ley Electoral.
Reveló que la JCE este año ha destinado más de RD$400 millones para construcción de obras, pero que los miembros del Pleno desconocen donde se construyen y los contratos.
Apuntó que se ha creado un sistema de temor ante el funcionariado de la JCE de ser sancionado por la Cámara Administrativa, que lo impide a ofrecer cualquier información requerida, incluso por sus propios miembros.
