El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, insistió este lunes en defender la licencia que otorgó al Consorcio Minero Dominicano S.A para la instalación de una cementera en la comunidad de Gonzalo, provincia Puerto Plata.
El funcionario dijo que no teme que el polémico caso lo lleve a perder su carrera política, “porque no me interesa lo que diga la gente”.
“Son los riesgos del ejercicio político. No me interesa lo que diga la gente. Si mi actuación se lleva la carrera política, que se la lleve. Lo que a mi me preocupa es el país”, subrayó.
Sostuvo que nunca sería incoherente, ni faltar a la ética, tras añadir que no fue al cargo a hacer política.
Rechazó que la posición que ha mantenido en torno a la cementera obedezca a órdenes de autoridades superiores, “como lo han dicho algunos sectores que incluso me han llamado pelele”.
Reveló que en el conflicto existen intereses de luchas entre cementeras y dijo que eso se puede comprobar con las páginas enteras de publicidad que pagan defendiendo sus puntos de vistas en los principales periódicos impresos del país.
Explicó que acogería los informes técnicos que presente el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), tras aclarar que con el mismo no se busca desautorizar los estudios de impacto ambiental de instituciones locales.
Insistió en que con su posición lo que busca actuar con transparencia, donde existan puntos de vistas de especialistas del país y del extranjero, “ya que las tantas opiniones que sobre el tema se ha generado en el país me crean confusiones”.
Sostuvo que Gonzalo es una comunidad pobre que requiere de los empleos que le podría proporcionar la instalación allí de una cementera.
Fernández Mirabal, quien fue entrevistado en el programa Telematutino 11, otorgó al Consorcio Minero Dominicano S.A el permiso para la construcción de una cementera en abril pasado.
El pasado 19 de junio, el Tribunal Contencioso y Administrativo del Distrito Nacional ordenó la suspensión de los trabajos para la instalación de una planta cementera en la comunidad Gonzalo, favoreciendo una instancia elevada por grupos comunitarios y campesinos de Los Haitises.
Sarah Henríquez Marín, jueza presidenta del tribunal, dispuso la suspensión de los trabajos de construcción de la obra, “para evitar que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona”.
En tanto que el día 10 de este mes el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Enrique Martínez, reveló que los terrenos que arrendó al Consorcio Minero Dominicano en Gonzalo, fue para la extracción de caliche, arcilla, piedra caliza, sílice y otros tipos de materiales, no para la construcción de una cementera.
