El Procurador de la República, Radhamés Jiménez Peña, está sorprendido por el documento que publicaron 34 entidades empresariales y sociales en el país, en el cual piden “actuación inmediata frente a la corrupción administrativa”.
Una treintena de denuncias fueron recibidas por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), en lo que va de año.
Se habla en el documento de “signos de ineficiencia, corrupción, nepotismo, vandalismos políticos y permisibilidad en la administración pública del país”.
El viejo refrán dice que tantas gentes no pueden equivocarse. Jiménez Peña estará sorprendido; pero, la mayor parte de la sociedad dominicana está más que preocupada y espera que se actúe de una vez contra la corrupción que arropa y quiebra la institucionalidad.
Ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, se ha pronunciado sobre ese mal social de la corrupción, que afecta a todos los sectores de la República Dominicana, sin que los organismos encargados de perseguirla hagan su trabajo.
Tal y como señala el documento en cuestión, “casos como los de la CDEEE, el PRA, el INDRHI, la OTTT, la Secretaría de Obras Públicas y la Lotería Nacional son apenas un asomo de todo el armazón corrupto que malos dominicanos han calado en las instancias del Estado de forma creciente”.
La denuncia apunta la manera en que estos escándalos afectan al propio gobierno, y destruyen la esperanza del pueblo dominicano.
Aún no ha sido aclarada ante la opinión pública la controvertida situación imperante en la Junta Central Electoral y los cuestionamientos de la doctora Aura Celeste Fernández en el manejo presupuestario del organismo, con las consecuentes interrogantes sobre la idoneidad de algunos de sus miembros para desempeñar las funciones que se les han confiado.
La exigencia de una mayor transparencia en el Gobierno es exigida por diferentes sectores, en tanto que la presidenta de COPARDOM, Marisol Vincens, pidió al presidente Leonel Fernández “demostrar con hechos sus constantes promesas de que en su gobierno habrá cero tolerancia contra la corrupción administrativa”.
En medio de un sentimiento común de malestar, la sociedad dominicana espera que se actúe ante estas denuncias y evidencias de manejos irregulares de los recursos del Estado. Participación Ciudadana concluye con frases dichas a coro: “la corrupción en el país es un monstruo muy poderoso que arropa la sociedad dominicana, donde existe una culpabilidad compartida, porque los organismos llamados a combatirla, no están haciendo su trabajo”.
