Los industriales dijeron este viernes que el sector empresarial dominicano es quien paga el mayor precio por la cadena de actos de corrupción en las instituciones públicas. Aseguran que el efectivo combate de este flagelo debe hacerse apartado de la política.
En ese sentido, Ignacio Méndez, presidente de la Federación de Asociaciones de Industriales (FAI), entiende que existe un divorcio entre el discurso del presidente Leonel Fernández y las ejecutorias de su gobierno, y aseguró que en el país está todo el mundo “buscándose lo suyo”.
Méndez sostuvo que la situación es tan crítica que ni siquiera los legisladores, que deben velar por el cumplimiento de las leyes, no creen en la rendición de cuentas, lo que hace que en República Dominicana la corrupción en la administración pública se vea como algo normal.
Explicó que los empresarios están siendo afectados por la corrupción a la hora de pagar los impuestos, sacar algún permiso o licencia en una oficina del Estado, donde “si no se paga un lobby, no pasa”.
Ante las denuncias del director de Aduanas, Rafael Camilo, en el sentido de que muchos empresarios se favorecen con la venta irregular de combustibles, Méndez exhortó actuar con transparencia y someter a la justicia a todo el que infrinja las leyes.
Las 34 organizaciones que publicaron un comunicado denunciando la corrupción en la administración pública, podrían presentarse este viernes ante el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, con las alegadas pruebas de irregularidades en el Estado dominicano.
El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Manuel Cabrera, informó que dentro de las pruebas que las entidades aportarán al jefe del Ministerio Público hay una serie de documentos en las que sustentan sus denuncias.
Lamentó que la Procuraduría no haya sido diligente en las investigaciones sobre el particular, en violación a las leyes que indica que las autoridades deben actuar ante un simple rumor sobre actos de irregularidad en la administración pública.
Insistió en que pese a que los incumbentes de algunas instituciones del Estado han admitido irregularidades en el ejercicio de sus funciones, no han sido investigados.
Considera lamentable que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) está lleno de investigaciones que nunca concluye, por lo que, a su juicio, se ha vuelto infuncional.
