El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, negó este lunes que esté protegiendo personas implicadas en las irregularidades detectadas en la expedición de más de 150 documentos VIP, reveladas en un informe remitido al organismo por la Fiscalía el Distrito Nacional.
El juez comicial se expresó en esos términos al ser cuestionado sobre una investigación realizada conjuntamente por la JCE y la fiscalía, en la que arrojó que unos 25 abogados del Departamento de Consultoría Jurídica habían trabajado unos expedientes de manera irregular.
El funcionario electoral precisó que si estuviera protegiendo alguien no hubiera ordenado la pesquisa que descubrió las faltas cometidas por algunos empleados del organismo electoral.
“Roberto Rosario no tiene a nadie a quien proteger, ni siquiera a Roberto Rosario, por dos razones: yo no hago nada malo y si hay un amigo mío que hace algo malo; con ese es que yo soy más duro. No tengo ningún motivo para proteger a nadie”, enfatizó el magistrado.
Recordó que esa situación era un problema que tenía más de 10 años sucediendo y que tan pronto la actual administración de la JCE asumió sus funciones, ordenaron realizar la investigación para terminar con ese mal.
Asimismo, aclaró que son 17 y no 25 los individuos señalados como los responsables de vulnerar el sistema informático que asigna de manera aleatorio los expedientes a los abogados de la consultoría electoral.
Sostuvo que no todos los implicados tienen que recibir una medida que amerite su exclusión del organismo, tras explicar que a veces una acción irregular no implica un acto de corrupción, ya que parte de esas irregularidades pueden ser cometidas por omisión o desconocimiento.
En tanto que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, informó que ese tema será conocido con el cuidado suficiente por el pleno comicial el próximo miércoles.
No obstante, Castaños Guzmán calificó el informé como una fuente de confusión y no concluyente, porque no especifica si en algunos de los casos no se pagaron los impuestos o no se aceptó la manera de asignación de los mismos.
Sin embargo, reconoció que el fiscal Moscoso Segarra trabajó muy bien, al tiempo de aclarar que la acumulación de las pruebas como tal, es la que da paso a una imputación seria. “Tú puedes encontrar irregularidades en el procedimiento, y no necesariamente son delitos penales, pueden ser malas prácticas internas”, sostuvo el titular de la JCE.
