Según el Segundo Estudio de Tolerancia Social a la Explotación Sexual con Personas Menores de Edad en la Región Centroamericana, Panamá y República Dominicana, entre las causas principales de este delito criminal, “la mayoría de la población señala aspectos propios de la víctima y su familia”.
Sin embargo, quienes pagan por sexo con personas menores de edad y proxenetas e intermediarios reciben apenas un 3,4% y un 3,6% de las respuestas, respectivamente, aún cuando son ellos los verdaderos responsables y no la persona menor de edad y su familia.
El hecho de preparar programas y estrategias de comunicación para informar y sensibilizar a la población en general, no exime a los verdaderos culpables de tales actos delictivos.
El informe ofrecido por el Coordinador del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, Elías Dinzey, expresa con certeza que los gobiernos están obligados a garantizar el cumplimiento de los derechos de la población menor de edad, según normativas ratificadas.
La contribución a los cambios culturales “que transformen la percepción de la población de criminalizar la pobreza” es parte de este proyecto, donde se aclara que, por encima de todo, debe reconocerse la explotación sexual comercial como “producto de la operación de mafias a escala internacional, regional y nacional que explotan y trafican con personas”.
No es justo que se continúe identificando a la familia de la víctima como la principal responsable social y causa principal del problema. Aún cuando la responsabilidad familiar, así como la escuela también juega un papel fundamental, es al gobierno a quien le compete la responsabilidad máxima para detener el problema.
En tal sentido, también resulta indispensable que las personas actúen como ciudadanos y ciudadanas con la obligación de denunciar a los delincuentes y proteger a los menores de edad.
