La inversión social ha sido vista desde hace años desde el Estado como un gasto y no como un fenómeno que contribuye al desarrollo nacional, problema que se agrava ante la práctica de la corrupción estatal.
Según el director del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, Octavio Figueroa, la inversión social es la más afectada por este mal porque le priva de los recursos que necesita.
Figueroa explica que la salud y educación siempre han sido despreciados ante la construcción de obras tangibles y han sido vistos por los distintos gobiernos dominicanos como un gasto.
Un reciente estudio publicado por la firma encuestadora Gallup indica que uno de los temas que menos parecen preocupar a la población dominicana es la corrupción (13.5%), lo cual según la óptica de Figueroa, obedece a que en el país existe “una cultura de la trampa”. Otra razón a la que esta actitud obedece es el desconocimiento poblacional del impacto inmediato que esta práctica tiene sobre la pobreza.
El director del Centro Montalvo explica que “cada vez que alguien se roba un millón de pesos, se roba una escuela”, y que precisamente eso la gente no lo sabe.
Asimismo, explicó que no se puede actuar desde instancias públicas como si se tratase de herencias personales. Agrega que la corrupción personal no puede, bajo ningún concepto, transferirse a las instituciones estatales que se sustentan del bolsillo de los contribuyentes.
La inversión social es un derecho
Según el citado informe de la Gallup, el 58.2% de los consultados entiende que la salud debe ser priorizada por la inversión estatal, un 56.2% se inclina hacia la educación, y un 40.8% que apoya la ayuda a los pobres.
En este sentido, el director del Centro Montalvo explicó que el derecho a vivienda, empleo, recreación y cultura pertenecen al conjunto de elementos que el Estado tiene que devolver a los contribuyentes. “Es la reserva más importante que se puede retribuir a nivel de competencia a una nación”, sancionó.
El desempleo no retrocede
La falta de oportunidades laborales es uno de los puntos que más preocupa a las personas consultadas por el informe de Gallup (36.3 %). Sobre el particular, Figueroa entiende que este fenómeno obedece a la ausencia de una verdadera política de empleos.
Recordó que según el informe publicado a finales del 2008 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el desempleo nacional ocupa un 14%, y que con esta crisis se prevé que se sitúe entre un 15% y un 17%.
Lamentó la baja calidad del empleo local y que la mayoría de los sueldos (inferiores a RD$7,000.00 pesos mensuales) no cubran ni la mitad de la canasta básica (en promedio RD$18,000). Agregó que la población sub-empleada no cuenta con seguro médico, esperanza de pensión de retiro o protección frente a riesgos laborales.
