El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, reveló este miércoles que en la institución existe una cuenta especializada, en la que se manejan recursos extrapresupuestario y de cooperación internacional, administrada directamente por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán y Aura Celeste Fernández, a la que él no tiene acceso.
Rosario aseguró que el presupuesto ejecutado el año pasado para la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil superó al que estaba establecido y que este año ha superado con creces el que fue aprobado en proporción al tiempo. Aseguró que en el 2009 se ejecutará todo el presupuesto aprobado para la escuela.
Rosario habló en ese término al ser cuestionado sobre las declaraciones ofrecidas por Aura Celeste, donde exigió que se otorgue el 3.2% del presupuesto de la JCE, ascendente a RD$50 millones al año, a la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC).
La magistrada recordó que el Pleno de la JCE decidió otorgar dicha partida a la EFEC y dijo esperar que antes de que culmine el año se independice financieramente la Escuela.
No obstante, Rosario explicó que la ley 275-97, modificada por la ley 0207, establece que es la Cámara Administrativa quien administra los fondos de la JCE.
El funcionario ofreció la información durante una rueda de prensa en la anunció que el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) evaluará todas las obras construidas en la institución, entre ellas, el salón de prensa; el salón de partidos políticos; el salón de audiencias; el edificio que aloja el almacén y varias oficialías en el interior del país.
Aclaró que esa iniciativa no obedece a ninguna presión de nadie en particular, sino para fortalecer los mecanismos de control del tribunal electoral; sin embargo, precisó que no tiene tiempo para lo que denomina cosas triviales.
En tanto, el presidente del CODIA, Arturo Pichardo, valoró la iniciativa de la JCE y aclaró que la Ley 6162, que crea el CODIA, lo convierte en asesor oficial de Estado y guardián del interés público.
Pichardo garantizó a la JCE que las inversiones en el área de construcción serán evaluadas y se informará a la opinión pública si las mismas están bien hechas y si cumplen con la ley.
