El primer año del tercer gobierno del doctor Leonel Fernández concluye sumergido en crisis, matizado por escándalos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia a todo dar, apagones al mayor, denuncias y protestas por doquier.
Las críticas no solo se detuvieron en los despachos de funcionarios del gobierno central, sino que hasta organismos como el Congreso Nacional y la Junta Central Electoral fueron blancos de denuncias de indelicadezas.
Ya el pueblo está harto de observar a políticos, ir al gobierno a buscar lo que el otro no pudo llevarse entre las uñas y repartir entre los suyos, lo que pertenece a todos.
Lo último que pudimos observar los impotentes espectadores del primer año de escándalos y desaciertos oficiales fue la urticante denuncia de la Jueza de la JCE, Aura Celeste Fernández, sobre la ejecución presupuestaria y contratos millonarios los cuales, según la jurista, se han hecho sin el conocimiento y aprobación del pleno del alto organismos de comicios.
Esta delicada denuncia que a todas luces tiene característica de desfalco y en donde están envueltos los doctores Julio César Castaño Guzmán y Roberto Rosario Márquez, presidentes de la Junta Central Electoral y de la Cámara Administrativa, respectivamente, es la que motivó al abogado y comunicador social, doctor Ramón Miliano, a elevar una instancia de interpelación por ante el Senado de la República, para que de una vez y por todas en el país se sienta un precedente.
Aunque sin mucha esperanza, en vista de que el presidente del senado nunca a dado respuesta a ninguna de sus cartas, el doctor Miliano a hecho pública y a depositado por ante la secretaría del senado, la correspondencia que le envía al doctor Pared Pérez, porque le gustaría que ese organismo tomase postura y estableciese responsabilidades solicitando, incluso la destitución de quienes fuesen hallados culpables.
Nosotros al igual que nuestro amigo, el doctor Miliano, albergamos la esperanza a que por encima de la conveniencia, simpatía y parentesco político existentes entre jueces de la JCE y el senado de la República, habrá aunque sea una reprimenda hacia aquellos que creen ser los dueños absolutos de la razón.
Esta es la hora perfecta y el momento oportuno para ponerle el cascabel al gato y propiciar una verdadera profilaxis en la administración pública, rechazando, repudiando y eructando a los corruptos, a los que han convertido sus labores en verdadera vergüenza nacional.
