Muchos esfuerzos y años de dura batalla ha costado en la República Dominicana la aprobación de un Código de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Una de las instituciones que se mantiene a la cabeza de estos combates por la protección de niñas y niños dominicanos es la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quien llama a la reflexión en torno al hecho de que se adjudique a los adolescentes “la responsabilidad por el auge de la criminalidad y la violencia, sin aportar datos estadísticos confiables que lo confirmen, ni considerar la responsabilidad de los adultos”, quienes en muchas ocasiones les utilizan para tales actividades delictivas.
Para nadie es un secreto la manera en que son empleados los menores, sobre todo de los barrios más pobres, como “mulas” en la transportación de drogas y sustancias narcóticas. Ni hablar de la explotación sexual y otros males, donde los más pequeños del hogar devienen principales víctimas.
La Ley136-03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, fue ratificada por la nación dominicana como signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Entonces, fue creado un marco jurídico, propicio para el diseño de políticas de Estado, programas, objetivos y metas que posibilitaran “un desarrollo integral y una vida plena, libre de exclusiones, discriminaciones e inequidades” de los menores.
A pesar de las esperanzas y, aunque fue promulgada en 2003, hasta la fecha dicha Ley no ha sido implementada en su totalidad.
UNICEF señala con certeza y sin inequívocos, que no es con cárceles, ni con “mano dura”, que se ayuda a los adolescentes, ni se garantiza la seguridad del país. “Se requiere aumentar la inversión social en programas que generen oportunidades”.
Hora es ya que niñas, niños y adolescentes cuenten con acertados proyectos socioeducativos que integren a las familias y la comunidad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la República Dominicana está dispuesto a ayudar cuanto sea necesario; pero es la dirección del país quien debe combinar todos los factores y ejecutar políticas sociales a favor de esos sectores más vulnerables de la sociedad, sin cuyo desarrollo integral no puede hablarse, para nada, de un futuro cierto.
