Madrid.- El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno de España, considera que este país se ha convertido durante los últimos años en un paraíso del "turismo abortista", al tiempo que subraya la necesidad de reformar la actual legislación, vigente desde 1985.
Así se pronuncia el Consejo de Estado, cuyos dictámenes no son vinculantes, en un informe emitido sobre la iniciativa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de reformar la nueva ley del aborto.
Un informe, que fue enviado hoy al ministerio de Igualdad, y en el que el Consejo de Estado avala la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto, pero incide en la oportunidad de que los padres de las menores de edad sean informados de la decisión de sus hijas de interrumpir el embarazo.
La nueva ley del aborto prevé la interrupción libre del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y fija en 16 años la mayoría de edad para decidir.
Ésta última propuesta ha provocado la polémica en España, sobre todo en los sectores más conservadores.
El Consejo de Estado subraya "el derecho" de los padres a ser informados de la petición de su hija de someterse a un aborto, y en el caso de que la mujer sea menor de 16 años también a ser oídos por el médico.
Además, el máximo órgano consultivo constata en su informe el "creciente fracaso" de la ley actual, y que la regulación haya convertido España en un paraíso del "turismo abortista" y en el país europeo en el que más crece el número de abortos.
Advierte además que la aplicación de la ley de 1985 ha conducido a España a una "indeseable" situación de aborto libre, "cuando no arbitrario".
El documento pone de relieve la oportunidad de reformar la actual legislación, pero insiste en que esa reforma vaya acompañada de un refuerzo de las medidas de educación y de sanidad sexual.
Sobre la constitucionalidad de establecer un régimen de plazos para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto), el Consejo de Estado estima que el sistema de plazos que se propone es compatible con la Constitución española.
