Una vez más la República Dominicana es escenario de debates y discusiones públicas, esta vez debido a las pretensiones de funcionarios, legisladores y políticos de modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y condicionar las garantías constitucionales relacionadas con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
Para quienes cultivamos este oficio con la dignidad que requieren los tiempos que vivimos, resulta preocupante, incomprensible y absurdo que se desee coartar la labor de los comunicadores y comunicadoras en el país, cuando de sobra se conoce que una buena parte de las situaciones degradantes que se han puesto sobre el tapete, ha sido gracias a las denuncias que se llevan a cabo a través de la televisión, la radio y en periódicos impresos y electrónicos.
Ni hablar de las expresiones del diputado Alfonso Crisóstomo, representante peledeísta de Puerto Plata, al someter un proyecto dirigido a limitar las garantías contenidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, cuyo reglamento fue emitido por decreto presidencial 130 del 2005.
Centenares de firmas de periodistas y diversas entidades del país, se han unido en este rechazo a los intentos de “personalizar y neutralizar las labores periodísticas individuales”.
La pregunta sigue siendo, ¿quiénes desean callarnos? Si en verdad se respeta la transparencia y la tan soñada democracia, está muy claro que el ejercicio periodístico es vital para tales empeños y sólo deben temer quienes no anden por el camino correcto.
