Participación Ciudadana (PC) dijo este jueves que la ciudadanía y las organizaciones sociales deben expresar su absoluto rechazo a la reforma constitucional, por considerarla un retroceso que no representa a los dominicanos, sino a un grupo que sólo busca su beneficencia.
Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, criticó el hecho de que los asambleístas aprobaran la reducción de los jueces en la Junta Centrar Electoral (JCE) y la creación de un Tribunal Supremo Electoral, alegando que esta sólo responde a la lógica de los partidos político.
Rechazó la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales, por entender que la separación fue un logro de la democracia dominicana. Indicó que la actitud de los asambleístas responde a una visión errada de lo que es la representación, y que sus decisiones deben ir en función de los intereses de la ciudadanía.
Igualmente, el director ejecutivo de PC lamentó que los asambleístas decidieran limitar el acceso libre a las playas a los ciudadanos y dijo que significa un retraso para el país el hecho de que la población no pueda elevar un recurso de inconstitucional cuando una ley así lo amerite.
La Asamblea Revisora Nacional aprobó en segunda lectura que las elecciones generales y congresuales se celebren en fechas distintas a las municipales aunque en el mismo año.
Las sanciones del día incluyeron, asimismo, la reducción del número de jueces de la Junta Central Electoral (JCE), el rechazo a la figura del referéndum revocatorio y la creación del Tribunal Superior Electoral.
La Asamblea Revisora determinó que las elecciones municipales se celebrarán el tercer domingo de febrero, mientras que las presidenciales y congresuales discurrirán el tercer domingo de mayo.
Estas decisiones, sin embargo, entrarán en vigor a partir de 2016, y responden a un acuerdo entre las dos principales formaciones políticas del país, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La Asamblea Revisora también dispuso la reducción a cinco del número de jueces de la JCE, que en la actualidad es de nueve. Asimismo, se dispuso la creación del Tribunal Superior Electoral que se encargará de conocer y juzgar con carácter definitivo los asuntos contenciosos electorales y dirimir las diferencias entre las agrupaciones políticas.
