El Consejo Nacional de Participación Ciudadana determinó luego de una reunión, que No puede ser legítimo el ejercicio del poder para reducir los derechos de la ciudadanía, tal como ha acontecido con la mutilación del artículo del proyecto que establecía trece derechos colectivos , y ahora en segunda lectura fueron reducidos a tres.
El Movimiento Cívico dijo que la ilegitimidad quedó claramente manifestada con la eliminación de derechos como el de tener una administración pública honesta y transparente, lo que revela claramente la intención perversa de esta decisión.
La Organización No Gubernamental indicó que detrás de la eliminación de derechos colectivos como el adecuado funcionamiento de las fuerzas del mercado y la competencia leal, los intereses y derechos del consumidor y de los usuarios de bienes y servicios públicos, el disfrute de los bienes de dominio público, como las playas y ríos, entre otros, se esconden intenciones inconfesables.
La Entidad informó que cuando se aprueba que los ciudadanos y ciudadanas no podrán demandar la inconstitucionalidad de leyes y decretos excepto que tengan un interés legítimo jurídicamente protegido, queda claro que han eliminado los derechos antes señalados, entre otras razones, para evitar que se pueda invocar que al ser colectivos, toda la ciudadanía reúne la calidad requerida para acceder al Tribunal Constitucional.
Samir Chami Isa, coordinador general, destacó que “De nada serviría un Tribunal Constitucional que sólo pueda conocer de la inconstitucionalidad de las leyes y decretos cuando la acción sea incoada por los responsables de dictar esas leyes y decretos inconstitucionales, es decir el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras congresuales.
Otras disposiciones ya aprobadas en segunda lectura que mueven a preocupación son las que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres al prohibir la interrupción del embarazo en situaciones especiales, o la de negar la nacionalidad a los hijos nacidos en territorio dominicano de extranjeros que hayan ingresado con un contrato de trabajo, sellan la suerte de la nueva Constitución.
El Movimiento No Partidista agregó además que el pacto entre el PLD y el PRD tiene todavía varios temas a ser conocidos en la segunda lectura que aumentarán la frustración de la ciudadanía, como revocar lo aprobado en primera lectura de que las ternas para la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas las remita la Cámara de Diputados, para que siga siendo potestad del Poder Ejecutivo, o que los Procuradores de Cortes y de Distritos sean miembros de la Carrera de Ministerio Público, excluyéndolos de la misma para que sigan siendo designados por el Poder Ejecutivo, y de esta mantener la lamentable dependencia que ha impedido enfrentar con eficiencia la enorme corrupción pública existente.
Participación Ciudadana recordó que la legitimidad es la justificación ética en el ejercicio del poder, tal como le describe Rodrigo Borjas en su Enciclopedia de la Política, y no cabe duda de que tanto los asambleístas como sus líderes políticos, el Presidente Leonel Fernández Reyna y el Ing. Miguel Vargas Maldonado, han ejercido sus facultades en perjuicio de los mejores intereses de la ciudadanía, restándole legitimidad a la nueva Constitución que será aprobada en un futuro cercano.
La suerte de esta Constitución ilegítima no será otra que su precaria e insostenible permanencia en el tiempo, y así como la Constitución del año 1963 se llama con orgullo la Constitución de Bosch, la nueva Constitución nacida del acuerdo de dos líderes que provienen de partidos creados por el presidente Bosch, será llamada con desprecio como la Constitución de Leonel y Miguel, según el Movimiento Cívico.
